TCE dicta suspensión de nueve meses a la Revolución Ciudadana por investigación de presunto lavado de activos
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Joaquín Viteri Llanga admitió este viernes a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación previa por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos que involucra al Movimiento Revolución Ciudadana.
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El magistrado dispuso como medida la suspensión provisional de esa organización política en el registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) por nueve meses, según se precisa en una notificación publicada por el ente, lo que prevendría que se inscriba en procesos electorales del país, como las elecciones seccionales del 2027.
Según repasa el documento, el pasado 4 de marzo el fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, informó formalmente al TCE sobre la existencia de la investigación.
En su resolución, Viteri Llanga precisa que la solicitud fiscal se sustenta en una investigación previa de carácter reservado. No obstante, indicó que esa condición no impedía que el tribunal adopte decisiones para garantizar el trámite jurisdiccional.
La resolución también establece que la suspensión podrá levantarse de manera inmediata, ya sea de oficio o a petición de parte, si se verifican determinadas circunstancias, como que la Fiscalía retire formalmente el pedido o deje de sostenerlo, o que la investigación que sustenta la solicitud haya concluido o sea archivada.
Mientras la medida se mantenga vigente, la Fiscalía deberá informar al Tribunal Contencioso Electoral sobre el estado de la investigación cada 30 días, o antes si se produce alguna novedad sustancial relacionada con el presunto delito investigado.
Caso "Caja Chica"
La Fiscalía General del Estado abordó desde finales de enero el denominado caso Caja Chica, que investiga la presunta existencia de una estructura dedicada al lavado de dinero dentro de la organización política, relacionada con el financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
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Según la tesis fiscal, dinero ilícito habría ingresado en efectivo desde Venezuela para actividades proselitistas del movimiento correísta. La investigación se inició tras una denuncia recibida con reserva de identidad y alcanza a ocho integrantes de esta organización política.
El miércoles 28 de enero de 2026, el Ministerio Público ejecutó allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en Pichincha y Guayas, donde se levantaron indicios como teléfonos celulares, documentos, memorias USB y pasaportes.
El pasado 4 de marzo, la Fiscalía inspeccionó una de las sedes del movimiento en la ciudad de Quito.
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De acuerdo con información que ha circulado públicamente, entre los investigados constan el expresidente Rafael Correa, la excandidata presidencial Luisa González, cuya vivenda fue una de las allanadas, y Andrés Arauz, junto a otros exfuncionarios y dirigentes del movimiento.