Solo 27 de 75 postulantes avanzan en concurso para Fiscal General del Estado
La Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe de admisibilidad y definió quiénes continúan en el proceso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía.
La Comisión Ciudadana de Selección redujo a 27 los postulantes que continúan en el concurso de méritos y oposición para designar al nuevo Fiscal General del Estado, tras aprobar el informe de admisibilidad de las 75 candidaturas presentadas.
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La decisión se conoció este jueves durante la Sesión Administrativa N.º 17, en la que se evaluó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El concurso contempla varias fases, entre ellas la postulación, admisibilidad, calificación de méritos, escrutinio público, impugnación ciudadana y oposición, en un proceso que busca garantizar transparencia en la selección de la máxima autoridad del Ministerio Público.
Entre los requisitos exigidos constan ser ecuatoriano en goce de derechos políticos, contar con título de tercer nivel en Derecho y acreditar al menos 10 años de experiencia profesional, ya sea en el ejercicio jurídico, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal.
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Entre los aspirantes que lograron superar esta primera etapa figuran nombres relevantes del ámbito político y judicial, como el exministro de Gobierno José de la Gasca, la exjueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho y el actual fiscal general encargado Leonardo Alarcón.
También constan postulantes provenientes de distintas provincias del país, lo que refleja una participación amplia en el proceso de selección.
Fases del proceso y siguientes pasos
Los 27 candidatos deberán ahora avanzar a las siguientes etapas del concurso, que incluyen la evaluación de méritos y el proceso de impugnación ciudadana, donde la ciudadanía podrá presentar observaciones o cuestionamientos sobre los aspirantes.
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Posteriormente, se desarrollará la fase de oposición, en la que los postulantes serán evaluados mediante pruebas y otros mecanismos técnicos para determinar sus competencias.