Relatora de la ONU alerta de amenazas y presión política contra jueces de la Corte Constitucional

Margaret Satterthwaite denunció en particular la marcha contra la Corte Constitucional que estuvo encabezada por el propio Noboa.

Fuerte resguardo militar y policial durante la marcha del presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional. Foto: API/HENRY LAPO
EFE y Redacción Vistazo

La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó este viernes su profunda preocupación tras haber recibido denuncias sobre amenazas y presión política por parte de altos funcionarios públicos contra integrantes de la Corte Constitucional de Ecuador.

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Cuando altos funcionarios califican a los jueces de 'enemigos de la ciudadanía' por cumplir con su función, se pone en peligro la independencia del poder judicial”, afirmó.

La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la primera semana de agosto algunos artículos de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública promovidas por el presidente, Daniel Noboa, para evitar posibles violaciones de los derechos humanos, mientras revisa su constitucionalidad.

Satterthwaite denunció en particular la marcha contra la Corte Constitucional que estuvo encabezada por el propio Noboa y en la que, entre otras cosas, se acusaba a los jueces de ser corruptos.

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”Todas las instituciones gubernamentales tienen el deber de respetar y garantizar la independencia del poder judicial. Esto implica protegerlo de la intimidación y la injerencia política", recalcó la experta en derechos humanos.

En días previos a la marcha, altos funcionarios - incluyendo lna ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen – consideraron que la sentencia de la Corte era una amenaza para la seguridad nacional.

"Insto a las autoridades ecuatorianas a abstenerse de declaraciones y acciones que pudieran socavar la independencia judicial, a garantizar que todos los poderes del Estado respetan y cumplen las sentencias de la Corte, y a proteger a los jueces y juezas de amenazas, represalias y difamación pública", señaló Satterthwaite.