Ministro Roberto Luque anuncia que Fiscalía inició investigación sobre contratos de CELEC-EP

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, anunció a la ciudadanía que la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación previa relacionada con los procesos de contratación de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP) realizados durante la emergencia eléctrica, durante el segundo semestre del año pasado.

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“Reconozco y valoro la importancia de contar con el espacio adecuado para ofrecer mi versión de los hechos y contribuir a la total transparencia de la investigación y al esclarecimiento de mi corta gestión”, informó el titular de la cartera de Estado a través de X.

“Cerrarle la puerta a la corrupción es precisamente abrir puerta de esa transparencia. La Fiscalía puede contar con mi total colaboración durante este proceso”, acotó el funcionario, quien el año pasado fue designado como delegado presidencial ante los directorios de CELEC y Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP).

Hace unas semanas, la Contraloría identificó indicios de responsabilidad penal en los contratos firmados por Celec con las empresas Progen Industries LLC y Austral Technical Management (ATM), que devinieron en la renuncia de Fabián Calero como viceministro de Electricidad.

Los acuerdos en cuestión fueron adjudicados como parte de un plan de emergencia para enfrentar la crisis energética. El objetivo era instalar tres centrales térmicas en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, con una capacidad total de 241 megavatios y un costo cercano a los 240 millones de dólares.

Sin embargo, los contratos han estado envueltos en diversas polémicas, sobre todo por los retrasos e irregularidades en los equipos.

El contralor general, Mauricio Torres, estima que el perjuicio al Estado por los contratos irregulares de CELEC-EP con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM) llega a los 140 millones de dólares.

“Por estos acuerdos tienen que responder las empresas que contrataron y los servidores que cometieron estas faltas”, aseguró en una entrevista radial, este martes.

Detalló que los equipos de Progen no pudieron ser constatados porque aún estaban cubiertos y si se los revisa podría perderse la garantía, pero existen documentos que determinan que estas máquinas térmicas “no son nuevas y tampoco han sido compradas al fabricante”.

“También hay serios errores en la contratación”, comentó Torres, quien agregó que el perjuicio para el Estado es de unos 100 millones de dólares: 70 millones en la central termoeléctrica de Salitral y 30 millones en las instalaciones de Quevedo.

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“Lo más grave es que no se cumple con el contrato, tenían que ser equipos nuevos y comprado al fabricante”, subrayó Mauricio Torres y señaló que sumando los perjuicios de Progen y ATM el valor asciende a 140 millones de dólares.

Sobre el contrato de ATM se conoce que los equipos no eran nuevos, sino que estuvieron en funcionamiento en el 2016 en otro país, presumiblemente de África. Además, hubo otra empresa con una mejor oferta, pero no fue asignada.