Cómo se enquistó el crimen organizado en la política local de Ecuador: cuatro factores lo explican
Las alertas se encendieron en 2022, un año antes de las seccionales. Hoy la pregunta no es si el crimen penetró los gobiernos locales, sino hasta qué punto.
Desde 2025, diez alcaldes en funciones enfrentan investigaciones judiciales por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito o lavado de activos. El cuatro de noviembre, el ministro del Interior John Reimberg anunció la captura del ex alcalde de Manta, Jaime Estrada, en el curso de un operativo transnacional que incluyó la detención de Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.
LEA TAMBIÉN: Caso Blindado: alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, enfrentará audiencia preparatoria de juicio el 18 de noviembre
La pregunta no es si el crimen organizado logró captar ciertos gobiernos locales y seccionales.
La real interrogante es hasta dónde se enquistó la criminalidad organizada transnacional en las administraciones municipales y provinciales.
La respuesta no es simple. Aunque no es parte de su función fiscalizadora el analizar patrimonios de alcaldes y prefectos, el Legislativo elaboró un informe con hallazgos preocupantes. Fue aprobado a fines de octubre.
La investigación se basó en varias fuentes del estamento público, incluyendo la autoridad tributaria, la Contraloría y la función judicial.
La comisión legislativa estableció que de 251 autoridades investigadas, el 38 por ciento, que equivale a 95 expedientes,
Según el informe de la comisión, para los expedientes clasificados en alerta roja y alerta naranja, se dispuso la remisión de la documentación a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría General del Estado, al Servicio de Rentas Internas y la emisión imperativa de una orden de trabajo de investigación de inteligencia financiera a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE.
El objetivo, según el documento, será iniciar la revisión de posibles esquemas de testaferrismo, personas interpuestas y sociedades de pantalla, así como la eventual utilización de paraísos fiscales.
LEA TAMBIÉN: Alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván, es aprehendido en operativo contra una presunta red de lavado de activos
Las autoridades que están en funciones fueron elegidas en los comicios seccionales de 2023.
Para esos comicios, reportes reservados ya alertaban que el crimen organizado buscaba capturar las alcaldías y prefecturas de cantones y provincias consideradas estratégicas, por ser lugares de tránsito, almacenamiento o salida de sustancias ilícitas.
Estas advertencias partían de cuatro factores.
Primero: Reglas electorales incentivaron la impunidad
El artículo 114 del Código de la Democracia (CD) cambió radicalmente las reglas del juego electoral. Este código se dictó en 2009, luego de la vigencia de la Constitución de Montecristi.
Esa norma inclinó la cancha a favor de los intereses de movimientos y partidos políticos, en perjuicio de las garantías para los electores a votar por candidatos libres de investigaciones judiciales, sospechas ni dudas sobre su idoneidad, probidad y ética, según juristas consultados.
Ese artículo establece que no podrán ser candidatos
Antes de esa reforma, no podían candidatizarse quienes tenían un auto de llamamiento a juicio plenario, es decir una etapa antes de que se dictara la sentencia.
Los promotores del cambio argumentaron que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia sobre todas las personas. En esa línea, solo una sentencia en firme y ejecutoriada rompe la presunción de inocencia. Los cambios buscaban evitar que detractores políticos pudieran instaurar procesos judiciales contra determinados candidatos, para boicotear sus aspiraciones electorales.
En la práctica, esto abrió las puertas para la participación política de personas con un historial judicial a cuestas.
Y para agravar, el artículo 108 del código determina que los candidatos no podrán ser privados de libertad ni procesados penalmente, desde el momento en que son calificados como postulantes hasta la proclamación de resultados.
Las excepciones son tres:
Para las seccionales de 2022 se alertó que al menos 20 candidatos tenían problemas judiciales en curso.
Segundo: Las organizaciones políticas crecieron para cobijar candidatos
Las organizaciones políticas se transformaron en simples vehículos para concretar las ambiciones electorales de ciertos oportunistas.
Esto lo confirma una investigación realizada por la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana, PC.
La investigación monitoreó todas las organizaciones políticas a nivel nacional. La responsable, Mariela Cevallos, explica que en enero de 2025 el equipo solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) información de todas las organizaciones que constaran en el registro. Para conocer la dinámica de las organizaciones políticas que operan requirieron 12 indicadores.
LEA TAMBIÉN: ¿Quién es Darío Macas, el alcalde de Machala detenido por presunto enriquecimiento ilícito?
El hallazgo es demoledor. El 40 por ciento de las tiendas políticas mantenía el Registro Único de Contribuyentes (RUC) cerrado, suspenso o inactivo. Más de la mitad había registrado una dirección de sede distinta ante el electoral y ante el ente de control tributario.
Tercero: El ente electoral no cumplió su papel de control
A la fecha del estudio se confirmó la existencia de 233 organizaciones políticas, entre partidos y movimientos de presencia nacional y local. El número actual ascendería a 234, según el último dato del electoral.
Sin embargo, la autoridad electoral debía poner filtros y normas claras para el registro de las diferentes estructuras políticas, a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial.
Todo indica que este control no se ejerció. Antes de las elecciones seccionales que se realizaron en 2019 se multiplicaron los movimientos locales, cantonales y parroquiales, según el informe.
Entre el dos de agosto de 2018, cuando asumió funciones el Consejo Nacional Electoral Transitorio, hasta el 24 de septiembre de ese mismo año, se aprobó la inscripción de 102 nuevas organizaciones políticas. En el horizonte estaban los comicios para alcaldías, prefecturas, entre otros. Son las autoridades que actualmente están en funciones.
El estudio llega a identificar estructuras políticas comandadas por empresarios con contratos con el Estado; figuras que ocuparon cargos de elección popular o que pasaron por puestos públicos. En algunos grupos prima el caciquismo. Suprimido un grupo político, un pariente del inhabilitado abre de inmediato otra tienda, para no perder la clientela.
Cuarto: Los grupos criminales buscan gobernar territorios estratégicos
Para la criminalidad organizada, la mejor manera de blindar sus operaciones es contar con autoridades locales aliadas o cooptadas.
Eso permite, por ejemplo, el acceso a información sobre predios y catastros municipales. O el manejo de agencias de tránsito, para acceder a matrículas y licencias para los operadores.
El estudio de Participación Ciudadana detectó organizaciones políticas con representantes legales o directivos encausados penalmente. Al menos cuatro casos fueron identificados en El Oro, Esmeraldas, Manabí y Santa Elena, con directivos que enfrentaron causas por delincuencia organizada y corrupción.
LEA TAMBIÉN: ¿Quién es Baldor Bermeo Cabrera, el exalcalde al que la justicia vincula con la banda Los Lobos?
A nivel de autoridades locales, recientemente procesadas, destacan el caso del ex alcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo. Según la teoría fiscal, el ex alcalde habría integrado una red que habría obtenido dinero ilegal a través de actividades mineras, la venta de explosivos y la posible exportación de oro sin sustento legal.