Denuncian al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y funcionarios por presuntas “vacunas” a empleados municipales
Juan Esteban Guarderas presentó ante la Fiscalía videos y chats como respaldo de sus señalamientos.
Este lunes 19 de octubre, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y otros funcionarios de la administración municipal fueron denunciados ante la Fiscalía por el presunto cobro de “vacunas” a empleados municipales que, según el denunciante Juan Esteban Guarderas, habrían sido destinadas a financiar su campaña de reelección.
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Guarderas presentó la denuncia y explicó que la investigación fue realizada junto con los colectivos Ciudadano Vértice, Fundación Lucha Anticorrupción y Visionarias. Aseguró que el expediente contiene testimonios, videos, chats, audios y registros de cuentas bancarias.
“Se han revelado ya dos testimonios y se vienen más testimonios”, dijo Guarderas a los medios de comunicación en los exteriores de la Fiscalía.
Según su versión, los videos mostrarían pagos de los presuntos diezmos y los chats revelarían que los funcionarios habrían sido obligados a entregar dinero bajo la amenaza de perder sus puestos de trabajo.
El denunciante también mencionó supuestas rifas obligatorias y cobros excepcionales. Afirmó que la investigación permitió identificar a quienes habrían solicitado y recaudado el dinero, así como el destino de los fondos.
Guarderas plantea posibles responsabilidades
Además de la vía penal, Guarderas señaló que deben analizarse posibles responsabilidades administrativas.
Sostuvo que los cobros se habrían realizado en dependencias municipales y durante horarios de trabajo, lo que, según su denuncia, implicaría el uso de instalaciones y tiempo laboral públicos.
El denunciante también cuestionó las condiciones de la contienda electoral. Afirmó que el presunto uso de recursos públicos podría favorecer a una candidatura y citó el Código de la Democracia respecto a la licitud del financiamiento de campaña y la responsabilidad de los candidatos sobre el origen de esos recursos.
Por su parte, Pabel Muñoz y autoridades de la Empresa de Pasajeros han rechazado las acusaciones, calificándolas de “persecución política”.