Caso Progen: Fiscalía se abstiene de acusar al exministro Antonio Gonçalves
El Ministerio Público concluyó que no existen elementos para establecer un nexo causal entre la actuación del exministro de Energía y Minas y la presunta malversación.
La Fiscalía General del Estado emitió un dictamen abstentivo a favor del exministro de Energía y Minas Antonio Gonçalves dentro del denominado caso Progen al concluir que los elementos recabados durante la instrucción fiscal no permiten atribuirle responsabilidad penal en los hechos investigados.
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La decisión fue comunicada a través de redes sociales la tarde de este lunes 28 de septiembre de 2026 por Leonardo Stagg, procurador judicial y parte de la defensa técnica del exfuncionario.
El dictamen de Fiscalía señala que no se logró establecer un “nexo causal entre la materialidad de la infracción y la presunta responsabilidad del procesado”.
Gonçalves ejerció como ministro de Energía y Minas entre el 3 de julio y el 9 de octubre de 2024, periodo que coincide con parte de los hechos investigados en la causa.
Sin embargo, según concluyó el Ministerio Público, los elementos recopilados no permiten presumir que el exministro haya abusado de su cargo, dispuesto arbitrariamente de recursos públicos u omitido un deber legal de precautelar fondos estatales. Tampoco se estableció que su actuación hubiese ocasionado un perjuicio al Estado.
Con base en estas consideraciones, la Fiscalía emitió el dictamen abstentivo a favor de Gonçalves.
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La defensa sostuvo que esta decisión respalda su postura mantenida desde el inicio del proceso: que el entonces ministro no tenía competencia ni responsabilidad sobre la contratación de Progen realizada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP).
Caso continuará contra otros 30 procesados
El dictamen a favor de Gonçalves no pone fin al denominado caso Apagón, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de emergencia de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024.
La causa se concentra en dos contratos adjudicados a Progen para las centrales de Salitral y Quevedo por un total de USD 149,1 millones.
Según la tesis de la Fiscalía, la compañía habría entregado generadores que no cumplían las condiciones técnicas establecidas, pese a haber recibido USD 104,3 millones en anticipos. Los equipos debían comenzar a operar en noviembre de 2024, pero no entraron en funcionamiento.
El Ministerio Público ha señalado que los procesados habrían intervenido mediante acciones como la manipulación de informes técnicos, concesión de prórrogas injustificadas, omisión de fiscalizaciones e intermediaciones informales.
Para los otros 30 procesados, el fiscal general Leonardo Alarcón solicitó que se fije fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
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Entre ellos constan Fabián Calero, exgerente de Celec; técnicos de la empresa pública; y Karla Saud y Roberto Manrique, representantes de Progen en Ecuador.