Daniel Noboa reorganiza la Presidencia y prohíbe a funcionarios intervenir en venta de bienes del Estado

El presidente Daniel Noboa emitió este jueves 6 de agosto el Decreto Ejecutivo N.º 467, mediante el cual establece una reorganización de la institucionalidad de la Presidencia de la República y define la nueva estructura de las secretarías generales que estarán bajo su dependencia.

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El documento establece que la Presidencia estará conformada por cinco secretarías generales y detalla cada una de sus atribuciones:

El decreto también establece restricciones para los trabajadores, funcionarios y servidores públicos que mantengan relación de dependencia con la Presidencia de la República.

Según el documento, estas personas no podrán intervenir, directa o indirectamente, en procesos de enajenación de bienes inmuebles a cargo de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

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La prohibición incluye la participación mediante personas jurídicas de las que sean accionistas o socios, así como a través de su cónyuge, pareja en unión de hecho o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

El incumplimiento de esta disposición podrá generar responsabilidades administrativas, civiles y penales, de acuerdo con el debido proceso.

Este organismo estará encargado de asesorar política y administrativamente al Presidente de la República.

También debe coordinar el trabajo del Gabinete y de las instituciones del Ejecutivo, supervisar el cumplimiento de las políticas públicas y los proyectos de inversión, y actuar como portavoz presidencial cuando así se disponga.

Además, tendrá a su cargo la formulación del Plan Anual y el Plan Plurianual de Inversión del Presupuesto General del Estado, así como la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Como parte de sus atribuciones se detalla la coordinación de la agenda presidencial y el seguimiento a las empresas públicas.

También podrá presidir gabinetes y órganos colegiados, emitir lineamientos para la inversión pública y ejercer las funciones del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, además de otras atribuciones que le delegue el Presidente.

Esta entidad estará encargada de la administración jurídica, financiera, administrativa y patrimonial de la Presidencia de la República, así como de la gestión de los bienes inmuebles del Estado.

Entre sus principales funciones están ejercer la representación legal de la Presidencia, administrar el Palacio de Carondelet, aprobar el presupuesto institucional y el Plan Anual de Contratación, gestionar el catastro y la asignación de bienes públicos.

Asimismo, autorizar a los máximos funcionarios de las entidades que conforman la Función Ejecutiva los viajes al exterior, las vacaciones, las licencias con o sin remuneración, los permisos y demás autorizaciones que correspondan.

Regular la adquisición y redistribución de vehículos oficiales, administrar bienes incautados o comisados, coordinar el uso del transporte aéreo oficial y emitir lineamientos para la gestión de los bienes del Estado.

La Secretaría General Jurídica será la encargada de asesorar legalmente al Presidente de la República, representarlo en procesos judiciales y administrativos, revisar y elaborar proyectos de decretos ejecutivos y analizar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional para recomendar su sanción u objeción.

Además, brindará apoyo jurídico a las entidades de la Función Ejecutiva, impulsará la ratificación o denuncia de tratados internacionales, coordinará reformas institucionales, verificará solicitudes de naturalización por servicios relevantes y de indultos presidenciales.

Será la entidad encargada de dirigir la política y estrategia de comunicación del Gobierno Nacional, bajo las directrices del Presidente de la República.

Coordinará y supervisará la comunicación de las instituciones del Ejecutivo, incluyendo imagen gubernamental, campañas, comunicación digital, producción de contenidos, relaciones con medios y manejo de crisis.

Además, tendrá a su cargo la difusión de las acciones, programas y proyectos del Gobierno, la aprobación y seguimiento de los planes estratégicos de comunicación de las entidades públicas, la gestión de los mensajes oficiales y cadenas nacionales, así como el monitoreo de medios y opinión pública para generar alertas y recomendaciones al Presidente.

También coordinará la comunicación de las actividades oficiales del mandatario dentro y fuera del país.

Será la entidad encargada de diseñar y coordinar las políticas de prevención de la corrupción y fortalecimiento de la transparencia en el Estado.

Asesorará al Presidente de la República, elaborará la Política y Estrategia Nacional de Integridad Pública y supervisará su aplicación dentro de la Función Ejecutiva.

Además, coordinará acciones con otras instituciones del Estado, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado; emitirá lineamientos técnicos, recopilará información sobre integridad pública, gestionará compromisos internacionales anticorrupción y recibirá alertas sobre posibles actos de corrupción para su articulación con las entidades competentes.

También impulsará mecanismos orientados a la protección de las personas denunciantes y a la garantía de no represalias frente a denuncias de presuntos actos de corrupción.