Inés Manzano interviene por primera vez en juicio político y dice que no hay sustento legal para censurarla
La exministra emitió un pronunciamiento al cierre de la fase de pruebas del juicio político en su contra impulsado por la Revolución Ciudadana.
La exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, intervino por primera vez este martes en el juicio político que enfrenta en la Asamblea Nacional, al término de la fase de presentación de pruebas, y aseguró que, tras siete días de audiencias, sus acusadores no han logrado demostrar qué disposición constitucional o legal habría incumplido durante la crisis energética registrada a finales de 2024.
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La comparecencia de la exfuncionaria se dio de forma telemática ante la Comisión de Fiscalización, que dio por concluida la etapa probatoria del proceso impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) por un presunto incumplimiento de funciones.
Con el cierre de esta fase, la mesa legislativa deberá elaborar un informe en el que recomendará al Pleno censurar o no a la exministra.
El final de la sesión estuvo marcado por reclamos. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el oficialista Ferdinan Álvarez, dio por terminada la reunión sin permitir que los asambleístas interpelantes formularan preguntas a Manzano.
El asambleísta Blasco Luna, principal impulsor del juicio político, acusó al oficialismo de impedir que la exministra continuara hablando porque, según dijo, "se empapa", en referencia a que quedaría expuesto por sus declaraciones.
Manzano sostiene que no existe responsabilidad por "proximidad"
En su intervención, Manzano afirmó que la responsabilidad de un funcionario público solo puede derivarse de competencias establecidas en la ley y no de la cercanía temporal o administrativa con determinados hechos.
Tras ello, desafió a los legisladores acusadores a definir cuál fue la norma constitucional o legal que habría infringido, cuál era el deber jurídico específico que incumplió y dónde se encuentra el nexo causal entre sus actuaciones y la crisis energética.
Manzano también recordó que, durante el Gobierno de Rafael Correa, se archivó en febrero del 2010 un juicio político planteado contra el entonces ministro Esteban Albornoz bajo el argumento de que no podía responder políticamente por actos u omisiones de terceros.
Los primeros días de la fase de pruebas, la defensa de la exministra de Energía y Minas centró sus intervenciones en cuestionar el valor probatorio de los documentos presentados por los legisladores del correísmo, y reconstruir una cronología del contrato con la empresa Austral Technical Management (ATM) que, según sostiene, exime de responsabilidad a la otrora funcionaria.
El abogado Rafael Oyarte cuestionó un informe de minoría atribuido al asambleísta Blasco Luna, al sostener que no constituye una prueba formal y que fue superado por el informe de mayoría. Además, rechazó que chats, entrevistas, reportajes y publicaciones periodísticas sean utilizadas como elementos probatorios.
Por su parte, el jurista Ismael Quintana reconstruyó la línea de tiempo del contrato suscrito con la empresa Austral Technical Management (ATM), la cual fue uno de los puntos centrales del juicio político.
Según expuso, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción y la emergencia eléctrica en abril de 2024 y, ese mismo mes, el Ministerio de Energía dispuso que toda contratación de emergencia fuera coordinada con su Coordinación General Jurídica.
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Añadió que el contrato con ATM fue suscrito el 9 de agosto de 2024 por el gerente de la unidad de negocio correspondiente de CELEC, varios meses antes de que Manzano asumiera funciones.
Además, indicó que para el 9 de octubre de 2024, fecha en que la exministra fue designada como encargada de la cartera de Estado, las etapas preparatoria, precontractual y contractual del proceso ya habían concluido, e incluso se había emitido la orden correspondiente.
Investigación contra ATM
La Fiscalía General del Estado sostiene una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.
El caso se originó a partir de contratos eléctricos de emergencia adjudicados en 2024, en los que la empresa habría entregado generadores usados y defectuosos en lugar de equipos nuevos, como establecían las especificaciones contractuales.
Ese incumplimiento habría generado pérdidas al Estado por cerca de USD 70 millones.
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La denuncia formal contra ATM partió de la propia Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), tras detectar que el equipamiento entregado no cumplía con lo pactado.