Asamblea investigará el presunto uso irregular de las cámaras de videovigilancia del Municipio de Quito
Con 81 votos, el Pleno dispuso que la Comisión de Seguridad Integral inicie un proceso de fiscalización sobre el manejo de los sistemas municipales de videovigilancia.
La Asamblea Nacional aprobó este martes, con 81 votos afirmativos, el inicio de un proceso de fiscalización para investigar el presunto uso irregular de los sistemas de videovigilancia administrados por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, así como la supuesta participación de exfuncionarios de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) en su gestión.
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La investigación estará a cargo de la Comisión de Seguridad Integral, que deberá recopilar información y presentar un informe al Pleno en un plazo máximo de 90 días desde la notificación de la resolución.
El proceso busca determinar si existieron posibles afectaciones a la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la protección de información estratégica relacionadas con el funcionamiento de las cámaras y plataformas de vigilancia de la capital.
La iniciativa fue impulsada por la asambleísta Inés Alarcón, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), quien sostuvo que exfuncionarios de la desaparecida Senain ocuparían cargos estratégicos dentro de las áreas de seguridad del Municipio de Quito.
Comisión podrá solicitar documentos y convocar a comparecencias
Como parte del proceso de fiscalización, la Comisión de Seguridad Integral estará facultada para solicitar información, informes técnicos y documentación relacionada con los sistemas de videovigilancia, además de convocar a autoridades, funcionarios públicos, representantes institucionales, especialistas y otros actores vinculados con el caso.
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Al término de la investigación, la mesa legislativa deberá entregar un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones al Pleno de la Asamblea.
Alarcón también anunció que solicitará a la Contraloría General del Estado la realización de auditorías al sistema de videovigilancia y al personal vinculado con su operación. Asimismo, indicó que pedirá al Ministerio del Trabajo revisar si los funcionarios que desempeñan esas funciones cumplen con los perfiles y requisitos establecidos por la normativa.
La resolución aprobada por el Legislativo será remitida al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el ECU 911, el Municipio de Quito, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado.
La decisión de la Asamblea se produce una semana después de que el ministro del Interior, John Reimberg, afirmara que en Quito existirían supuestas cámaras de videovigilancia utilizadas con fines ajenos a la seguridad ciudadana. Según el funcionario, detrás de esos sistemas estarían exintegrantes de la extinta Senain, quienes tendrían acceso a información sobre operativos policiales y militares.
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Frente a esas declaraciones, la Alcaldía de Pabel Muñoz rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de sustento. El Municipio sostuvo que las 632 cámaras municipales están bajo control del ECU 911, entidad administrada por el Gobierno Nacional, y afirmó que los equipos únicamente cumplen funciones relacionadas con la seguridad de la ciudad. Además, precisó que no ha adquirido nuevas cámaras durante la actual administración.