Gobierno amplía compensación para transportistas por alza del diésel
El presidente Daniel Noboa reformó el mecanismo de subsidios y extendió a nueve meses las transferencias económicas para parte del transporte público.
El presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 428, en el cual reformó los plazos del mecanismo de compensación económica destinado a los transportistas afectados por los ajustes en el precio del diésel. La medida amplía de ocho a nueve meses el período de compensación para los propietarios de unidades de transporte público intraprovincial e interprovincial.
Según el Gobierno, el objetivo es mitigar el impacto de la reforma al subsidio de los combustibles y evitar incrementos en las tarifas para los usuarios. La disposición modifica el Decreto Ejecutivo 125, emitido en septiembre de 2025, cuando el Ejecutivo implementó un esquema de focalización del subsidio al diésel.
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Desde entonces, el Estado ha entregado transferencias monetarias a distintos segmentos del transporte público para compensar el aumento de costos operativos. Con la nueva reforma, los plazos quedan diferenciados según la modalidad de servicio.
El decreto establece que la compensación para el transporte intracantonal, urbano, combinado y rural se mantendrá durante un mes más. Sin embargo, el Comité de Optimización Energética podrá evaluar una prórroga de hasta cuatro meses adicionales si las condiciones lo justifican.
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¿Cómo quedan las compensaciones?
La reforma dispone que propietarios de vehículos de transporte intraprovincial e interprovincial reciban la compensación económica por un mes más que lo previsto antes.
En cambio, para el transporte urbano, rural y combinado, el beneficio seguirá vigente por ocho meses, con la posibilidad de extenderse tras una evaluación técnica. Los plazos se contabilizan desde la entrada en vigor del esquema original, el 12 de septiembre de 2025.
Según el Ejecutivo, las transferencias económicas buscan amortiguar el efecto del incremento del diésel sobre los costos del transporte público. La intención es evitar que los operadores trasladen esos aumentos a los pasajeros mediante ajustes en las tarifas. Para ello, el Gobierno mantiene un sistema de compensaciones directas financiado con recursos estatales.