Exfuncionario del Registro Civil robó más de USD 21 mil: cobraba por pasaportes, pero se guardaba el dinero
El sujeto reconoció haber incurrido en actos de corrupción e incluso se disculpó, pero no volvió a presentarse a trabajar.
Un exfuncionario del Registro Civil fue sentenciado a diez años de cárcel por el delito de peculado, luego de que la Fiscalía descubriera que el sujeto cobró personalmente USD 21.120 por emitir pasaportes en la provincia de Zamora Chinchipe.
El Ministerio Público informó sobre la condena de John Paúl G. R., quien además de recibir prisión, tendrá que pagar una multa equivalente al monto del perjuicio antes mencionado. Además, no podrá ejercer un cargo público para toda la vida.
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Sin embargo, el sentenciado está prófugo de la justicia. Un agente de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) indicó en la audiencia de juicio que el hombre cuenta con una notificación roja para localizarlo y capturarlo.
En la diligencia también comparecieron exfuncionarios y exdirectivos del Registro Civil. La excoordinadora técnica contó a los jueces del Tribunal que, cuando John Paúl G. R. fue descubierto, reconoció haber incurrido en actos de corrupción e incluso se disculpó, pero no volvió a presentarse a trabajar.
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EL ORIGEN DEL CASO
El delito se consumó entre febrero de 2018 y febrero de 2019, cuando el acusado se desempeñaba como operador de servicios para emisión de pasaportes en el Registro Civil de Zamora.
Agregó que el crimen se corroboró con el informe del supervisor de Auditoría de la Contraloría General del Estado, quien rindió testimonio ante el Tribunal que dictó el fallo condenatorio.
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“El funcionario confirmó que el delito se consumó debido a que John Paúl G. R. manipuló el sistema de pago de las especies y utilizó, incluso, claves de dos compañeras para emitir pasaportes cuando ellas estaban de vacaciones”.
La auditoría concluyó que el Registro Civil no recaudó el valor de 316 pasaportes que sí fueron emitidos, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado de USD 21.120. Cada especie ordinaria estaba valorada en 70 dólares; para personas de la tercera edad y con discapacidad, el valor era un 50 % menor.
En el juicio, la Fiscalía presentó la pericia contable como una de las pruebas más contundentes, que confirmó la diferencia entre los pasaportes entregados y los que sí fueron pagados en el sistema de recaudación del Registro Civil.