Caso Apagón: Fiscalía y Policía ejecutan allanamientos por presunto peculado en el contrato de Progen
Se investigan las irregularidades en la contratación de generación térmica entre la Corporación Eléctrica del Ecuador y la empresa estadounidense Progen.
La Fiscalía General del Estado, junto con la Policía Nacional, ejecuta desde la madrugada de este viernes 6 de febrero un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua, dentro de la investigación por presunto peculado en el denominado ‘Caso Apagón’.
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Las diligencias buscan recabar indicios relacionados con un presunto perjuicio económico al Estado estimado en aproximadamente 100 millones de dólares, que habría sido generado por la contratación de generación térmica entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa estadounidense Progen Industries LLC.
El 28 de julio de 2025, la Fiscalía ya había ejecutado allanamientos relacionados con esta causa. En esa ocasión, uno de los inmuebles intervenidos fue la residencia de Fabián Calero, quien se desempeñó como gerente general de Celec entre abril y octubre de 2024.
Calero fue desvinculado del Viceministerio de Energía en julio de ese mismo año, en medio de cuestionamientos por los contratos firmados con la empresa estadounidense.
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Un mes después, las autoridades ejecutaron un nuevo operativo dentro del denominado ‘Caso Apagón’. Entre los inmuebles allanados estuvieron propiedades vinculadas a Antonio Gonçalves, exministro de Energía, y Rafael Quintero, exviceministro de Electricidad.
Irregularidades en contratos
Estos contratos fueron adjudicados bajo un plan de emergencia para enfrentar la crisis energética. En el caso de Progen, relacionado con la generación eléctrica en las estaciones El Salitral y Quevedo, la Contraloría identificó irregularidades en la planificación, adjudicación y ejecución contractual.
La empresa debía instalar los proyectos energéticos en Guayas y Los Ríos, por un monto de USD 149,1 millones, pero los trabajos nunca se concretaron. Ante esto, la Contraloría remitió los indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía y recomendó sanciones civiles y administrativas.