YASunidos demanda a Banco Pichincha por presunto bloqueo ilegal de fondos

La retención se habría registrado en la cuenta de Pedro Bermeo, coordinador jurídico de YASunidos, cuyos fondos habrían sido debitados en su totalidad el 30 de septiembre de 2025.

Fotografía que muestra al consejero jurídico del colectivo ambiental, Pedro Bermeo.
Daniel Tristancho

El colectivo ambiental YASunidos presentó una acción de protección con medidas cautelares ante lo que considera como una retención injustificada de recursos por parte de Banco Pichincha.

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Este lunes, la organización interpuso la demanda mediante la vía constitucional, con el objetivo de revertir el bloqueo total de una cuenta bancaria y frenar prácticas que, según indican por medio de un comunicado, configuran un patrón de "discriminación" contra defensores de la naturaleza.

La retención se habría registrado en la cuenta de Pedro Bermeo, coordinador jurídico de YASunidos, cuyos fondos habrían sido debitados en su totalidad el 30 de septiembre de 2025.

Según el escrito presentado ante la justicia, la operación se ejecutó sin aviso previo, sin trámite administrativo y sin una orden por parte de una autoridad competente debidamente notificada.

Al solicitar explicaciones, relata el colectivo, el banco no esclareció los motivos de la medida y, por el contrario, confirmó que el bloqueo seguía vigente. Incluso, se habría advertido que cualquier nuevo depósito podría ser nuevamente descontado.

"Persecución a la socidad civil organizada"

Para YASunidos, el caso trasciende un conflicto individual. La organización sostiene que este episodio se inscribe en un contexto más amplio de restricciones financieras impuestas a activistas durante el Paro Nacional de 2025, motivado por la eliminación del subsidio al diésel por parte del Ejecutivo, cuando varios defensores de derechos humanos y ambientales denunciaron limitaciones similares en el acceso a sus recursos.

En ese marco, la acción judicial plantea la posibilidad de que la entidad financiera esté aplicando mecanismos de control para para "perseguir a la sociedad civil organizada".

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El recurso constitucional cita, entre otros argumentos, la vulneración del derecho a la igualdad y la prohibición expresa de retener fondos de manera arbitraria, establecida en el artículo 308 de la Constitución.

Hasta las 16h00 de este martes, Banco Pichincha no se ha pronunciado públicamente con respecto a la demanda.