Once personas procesadas por terrorismo tras quema de cuartel en Otavalo quedan en libertad
Los procesados, que permanecían en prisión preventiva desde el pasado 24 de septiembre, fueron recibidos entre aplausos por familiares y amigos en Ibarra.
Tras 32 días en prisión preventiva, once personas procesadas por presunto terrorismo, vinculadas a la quema de un cuartel policial en la ciudad de Otavalo durante una jornada de manifestaciones en contra del Gobierno, recuperaron su libertad este jueves.
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La liberación se realizó por la tarde, después de que un tribunal revocara la medida en una audiencia telemática, permitiendo que los imputados continúen su defensa sin permanecer en prisión preventiva.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) informó que se concedieron medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía.
Asimismo, indicó que el juez a cargo del caso consideró que no existían pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva, ordenada el pasado 24 de septiembre.
“La Sala de Segunda Instancia ha aceptado los recursos de apelación y declara que la jueza de primera instancia ha violado derechos colectivos y deberá presentar informe para evaluar posible manifiesta negligencia”, declaró a través de X Aquiles Hervas, docente que facilitó el diálogo intercultural entre la justicia ordinaria y las comunidades indígenas.
Los procesados fueron recibidos entre aplausos por familiares y amigos en Ibarra. En fotografías del momento se observa a decenas de personas celebrando su liberación, una de las demandas que la CONAIE había planteado durante el paro nacional, que se extendió por casi un mes y cuyo fin anunció este miércoles su presidente, Marlon Vargas, tras las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.
Fin del paro nacional
La liberación ocurre dos días después de que terminarán las movilizaciones convocadas por la CONAIE, en cuyo marco se registraron cierres de carreteras, principalmente en la provincia de Imbabura, y enfrentamientos que dejaron un saldo de tres manifestantes muertos y más de un centenar de detenidos.
Pese a las protestas, el Ejecutivo no dio marcha atrás con su decisión sobre el diésel, argumentando que remediará un déficit en el gasto público, puesto que la carga anual de mantener la subvención superaba los USD 1.100 millones.
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La medida, dispuesta el pasado 16 de septiembre, provocó que el precio del combustible pasara de USD 1.80 a USD 2.80.
Vargas, quien anunció el fin de las movilizaciones luego de que Noboa advirtiera que iba a comenzar una segunda intervención en Imbabura con el fin de despejar las vías bloqueadas, dijo que “la resistencia continúa” a través de asambleas permanentes para preparar la campaña por el ‘NO’ a pocas semanas de que se lleve a cabo la Consulta Popular y el Referéndum con el que el presidente Noboa pretende llamar a una Asamblea Constituyente.