Juicio contra Abdalá Bucaram por presunto tráfico de armas vuelve a suspenderse
La diligencia alcanzó a instalarse este martes en Guayaquil y la Fiscalía presentó tres testimonios.
La audiencia de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram por presunto tráfico ilícito de armas volvió a suspenderse este martes 6 de octubre de 2026, después de que uno de los integrantes del Tribunal tuviera que atender otra diligencia previamente agendada.
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La audiencia se instaló aproximadamente a las 10:45 en la Unidad Judicial Albán Borja, en Guayaquil, como parte del proceso originado por el hallazgo de un arma y municiones durante un allanamiento realizado en la vivienda del exmandatario en 2020.
Antes de la interrupción, la Fiscalía alcanzó a presentar tres testimonios dentro de la etapa de juicio.
Posteriormente, la diligencia tuvo que detenerse debido a la agenda de uno de los jueces que integran el Tribunal. La audiencia fue convocada nuevamente para el lunes 12 de octubre, a las 10:00.
Se trata de la segunda suspensión consecutiva documentada en este juicio. Una diligencia anterior tampoco pudo continuar debido a un apagón eléctrico registrado en el complejo judicial.
Caso se originó tras allanamiento a Bucaram en 2020
El proceso se remonta a junio de 2020, cuando la Policía allanó la vivienda de Bucaram en Guayaquil como parte de las investigaciones relacionadas con una presunta red de corrupción en la comercialización de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.
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Durante aquella intervención, las autoridades encontraron un arma calibre .44 y cajas de municiones que, según la investigación, no contaban con los respectivos permisos de tenencia o porte.
Bucaram fue llamado a juicio por estos hechos en julio de 2020. El presunto delito está contemplado en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla una pena de entre 16 y 19 años de prisión.
El allanamiento también estuvo relacionado con las diligencias del denominado caso Pruebas COVID-19, otro proceso en el que Bucaram y su hijo Jacobo fueron sentenciados el pasado 9 de septiembre a nueve años y cuatro meses de prisión, en calidad de colaboradores del delito de delincuencia organizada.
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Según la tesis de la Fiscalía en ese proceso, entre marzo y agosto de 2020 ambos habrían formado parte de una estructura dedicada a comercializar irregularmente cerca de 21.000 pruebas rápidas de COVID-19, además de mascarillas y otros insumos médicos.