Nueva Ley de Aviación Civil abre la puerta a delegar servicios aeroportuarios a empresas privadas
La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la normativa con 88 votos. La participación de empresas nacionales o extranjeras será excepcional.
La nueva Ley Orgánica de Aviación Civil, aprobada este jueves 24 de septiembre, abre la puerta para que empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, participen en la operación de servicios aeroportuarios en Ecuador.
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La figura será excepcional y estará condicionada a que el Estado justifique técnica, económica y jurídicamente la necesidad de recurrir a una delegación.
La Asamblea Nacional dio paso en segundo debate al proyecto con 88 votos a favor. La normativa está compuesta por 215 artículos, distribuidos en ocho títulos y 36 capítulos, y regula aspectos relacionados con la planificación, gestión, sanciones y el control de la aviación civil y aeronáutica.
Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, señaló que uno de los objetivos es aprovechar de mejor manera la infraestructura aeroportuaria existente, así como facilitar nuevas rutas, frecuencias y el ingreso de capital privado bajo supervisión estatal.
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Uno de los principales cambios está precisamente en las condiciones bajo las cuales la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) podrá delegar la participación en servicios aeroportuarios a empresas nacionales o extranjeras, sean públicas o privadas.
¿Cuándo podrán delegarse los servicios aeroportuarios?
La ley contempla que la delegación al sector privado podrá realizarse cuando el Estado carezca de capacidad técnica, administrativa o financiera para prestar el servicio.
De igual manera, se podría recurrir al mecanismo si la participación privada ofreciera mejores condiciones económicas o permitiera una gestión más eficiente de los riesgos.
La adjudicación deberá realizarse mediante concursos públicos bajo criterios de transparencia y competencia y estar sustentada en estudios técnicos, económicos y jurídicos.
La normativa aclara que este mecanismo no implica vender ni transferir la propiedad de los servicios aeroportuarios. El Estado conservará la rectoría, planificación, regulación, control y fiscalización del sector.
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La reforma también incorpora otros cambios para el sector aeronáutico. Entre ellos está una política de cielos abiertos para facilitar una mayor competencia y el ingreso de nuevas aerolíneas, así como la obligatoriedad de registrar las aeronaves no tripuladas.
En materia de pasajeros, la ley establece reglas para los reembolsos en caso de vuelos suspendidos o interrumpidos y contempla un descuento del 50 % en las tarifas para adultos mayores y personas con discapacidad.