Con 88 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Aviación Civil, que entre otras cosas, propone delegar los servicios aeroportuarios al sector privado en casos especiales.
La nueva normativa fue propuesta inicialmente por el expresidente de la Legislatura, Niels Olsen, y luego pasó a la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por la asambleísta oficialista Valentina Centeno.
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El documento establece un nuevo marco normativo para regular, planificar, gestionar, administrar, controlar y sancionar las actividades relacionadas con la aviación civil y aeronáutica en el territorio nacional.
La mayoría del apoyo vino de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados independientes, mientras que la Revolución Ciudadana (RC) se opuso con 60 votos.
¿Qué propone la Ley de Aviación Civil?
Valentina Centeno resaltó que la ley responde a la necesidad de reformar una norma que no se actualiza desde hace 20 años “para impulsar el turismo y la generación de empleo”.
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Agregó que se busca aprovechar de mejor manera la infraestructura aeroportuaria existente, promover nuevas rutas y frecuencias y generar condiciones para una mayor participación e inversión privada, “bajo mecanismos de control y estudios técnicos”.
Y es que el documento establece que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) podrá entregar la participación de los aeropuertos a empresas nacionales o extranjeras mediante concursos públicos, especialmente cuando el Estado no tenga capacidad técnica, administrativa o financiera.
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La asambleísta también resaltó la incorporación de una política de cielos abiertos para ampliar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos operadores, además de la regulación y registro obligatorio de aeronaves no tripuladas (drones) para fortalecer la seguridad y el control del espacio aéreo.
Sin embargo, los legisladores correístas criticaron que el proyecto de ley estaría atentando contra la soberanía y privatizando por completo los aeropuertos del país.
Además, se estaría eliminando el requisito de que el total de la tripulación de las aeronaves con matrícula ecuatoriana sea nacional.
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