Miguel Alvarado
viernes, 15 mayo 2020 - 05:16
Tras cuernos palos. Las protestas de octubre de 2019 agravaron la ya complicada situación fiscal. Según cálculos del Banco Central del Ecuador, que no se hayan eliminado los subsidios afectó 1,2 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB). Si a eso le agregamos la previsión de que en este año vamos a decrecer en más de seis puntos, estamos al borde la quiebra.
La distorsión económica no es nueva. El Gobierno gasta más de lo que recibe desde 2015, cuando empezaron a bajar los precios del petróleo y esa falta de dinero se empezó a reemplazar con deuda interna y externa.
Eso no era problema para el entonces presidente Rafael Correa, quien en un programa de televisión denominado “De cara al futuro”, en enero de 2016, dijo: “Ahora somos una familia de clase media, con una casa de cemento, dos pisos, un carro, terreno legalizado, hijos con educación y salud. Tenemos un problema, tal vez nos quedamos sin empleo, pero el jefe de familia tiene tarjeta de crédito para seguir subsistiendo. Entonces, el país está en otro nivel”.
País sin oxígeno
Que gastemos cada año 35.500 millones de dólares significa que cada día, incluido fines de semana y feriados, el país necesita 100 millones de dólares para moverse. Pero los ingresos diarios programados no llegan a 90 millones, es decir que cada 24 horas gastamos 10 millones de más.
Sin pandemia, para este 2020 ya nos hubieran hecho falta 3.400 millones de dólares. Pero es evidente que hoy por hoy el país está en una unidad de cuidados intensivos y sin oxígeno. Ese oxígeno que nos ha permitido vivir casi cinco décadas y, por cortas temporadas, darnos vida de ricos y famosos, ha sido el petróleo. Sin embargo, en estos tiempos de coronavirus, con un mundo paralizado, el famoso “oro negro” vale menos que carbón de palo de balsa.
La Constitución establece una fórmula que a todas luces suena razonable. Separa tanto ingresos como gastos en permanentes y no permanentes. A grandes rasgos, los ingresos permanentes provienen de los impuestos que pagamos los ecuatorianos. Mientras que como ingresos no permanentes se consideran las ventas de petróleo.
En el otro balance están los gastos permanentes como salud, educación y seguridad, y como no permanentes están las inversiones como construcción de hospitales, escuelas, carreteras, etc. Y expresamente la norma dice que los gastos no permanentes se financien solo con ingresos no permanentes. El problema empezó cuando para la inversión, es decir para gasto no permanente, se recurrió a préstamos que hoy se los tiene que pagar con lo que haya.
De hecho, el gran déficit fiscal de este año proviene de gastos no permanentes. La diferencia de esta parte del déficit se calculó para 2020 en 4.700 millones de dólares. Con el precio del petróleo por los suelos, con suerte a la mitad de lo programado, a ese déficit habría que sumarle unos 1.300 millones de dólares más. Una cantidad similar es la que el presidente Lenín Moreno ha anunciado como recorte presupuestario por la actual crisis pandémica. Habló de 1.400 millones de merma del gasto público.
¿Dónde está la gordura?
El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, cree que el país perdió el momento para sincerar la economía y focalizar los subsidios, ya que se debió transformar la crisis en oportunidad. Opina también que el recorte al gasto público anunciado es positivo pero tardío. Recordó que en 2018 ya se anunció un recorte de mil millones que no se cumplió y que más bien aumentaron los egresos.
Su par de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, dijo que, para bajar el gasto, “hay que hacer una reestructuración del Estado. Hay que ver qué empresas públicas hay que cerrar. Hay que ver qué instituciones públicas sirven y cuáles no sirven”.
Pero en la otra orilla están los sectores sociales que con injerencia política o no, en octubre obligaron al Gobierno a dar marcha atrás. Uno de los primeros en lanzar advertencias fue el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatamuez: “El momento en que el Gobierno quite los subsidios, o imponga la flexibilización laboral, iremos a las acciones inmediatas”.
Si revisamos las cifras del presupuesto 2020, vemos que 4.000 millones corresponden al manejo de los derivados del petróleo. Se gasta sobre todo en la importación necesaria para compensar la mala producción de nuestras refinerías y en el abastecimiento de gas doméstico.
Sin embargo, el rubro más alto es en sueldos y salarios al personal. Corresponde a la cuarta parte de todo el gasto público. De esos 8.900 millones de dólares, se considera que unos 1.000 están aún en contratos temporales que no se han dado de baja. Le sigue de cerca el pago de deuda pública externa e interna, que para este año sumarían 7.600 millones de dólares. En servicio de deuda estamos pagando una cifra similar a lo que costarían 10 nuevos aeropuertos como el de Quito.
Los ministerios que más presupuesto manejan, en su orden, son Educación, Salud, Inclusión Económica y Defensa. Juntos operan el 27 por ciento del presupuesto total. Entre los ajustes que se están haciendo, habrá aumento del gasto en salud y también en Inclusión debido a los bonos de emergencia que se otorgan. En el sector educativo se anunció ya un recorte de 98 millones a los presupuestos de las universidades y escuelas politécnicas.
Una carga importante para el presupuesto, que supera el seis por ciento, es la atención a las personas de la tercera edad. Son 2.200 millones de dólares que se gastan en pensiones jubilares de trabajadores en general, así como de policías y militares. Solo por el aporte del 40 por ciento de las pensiones que otorga el IESS, se desembolsan unos 1.200 millones de dólares cada año. A eso se suman los seguros militares y policiales, y los programas sociales para esta población.
Un 10 por ciento del presupuesto total va para los gobiernos seccionales. Estos rubros no se podrían modificar pues se trata de preasignaciones con porcentajes fijos sobre presupuesto. De las 160 instituciones del Estado que reciben presupuestos directos del gobierno central, tan solo 20 generan ingresos positivos. Son las que por su naturaleza cobran por los servicios que prestan. Entre ellas están la ANT, el Registro Civil y las autoridades portuarias. Juntas aportan con 800 millones de dólares. En este grupo no se considera al Servicio de Rentas Internas, cuya naturaleza es recaudadora y que en impuestos recoge unos 14 mil millones de dólares al año.
Las restantes 140 entidades consumen el presupuesto. Unas insustituibles como los ministerios de Salud, Educación o Inclusión, pero otras cuya misión podría entrar en evaluación. Así tenemos, entre otras, a la Casa de Montalvo, que nos cuesta 200 mil dólares; la Secretaría de Límites Internos, que se acerca a los 400 mil dólares; el Centro Interamericano de artesanías, que demanda medio millón de dólares; o los casi dos millones que nos cuesta la oficina nacional de Parlamento Andino.
Algunas de estas están en un listado de 40 entidades medianas y pequeñas que el exasambleísta Andrés Páez considera que deben ser eliminadas. “Ahí tendríamos mil millones de dólares más”, acotó. Efectivamente, no todas son altas consumidoras de recursos, pero en tiempos de crisis, todo centavo cuenta.
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