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[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀] Luego de que se hiciera viral un video íntimo en el que aparecen los jóvenes actores Emma Guerrero y José Ramón Barretto, las críticas, señalamientos e incluso posturas de apoyo, pusieron sobre la mesa un nuevo debate sobre el contenido que se comparte en Internet.
Desde su cuenta de Instagram, Guerrero mencionó que el video fue grabado hace dos años y dijo que la principal razón al dar una explicación fue aclarar que ninguno de los dos ha sido infiel a sus respectivas parejas.
Más tarde, en una entrevista con el programa En Contacto señaló sentirse culpable, “pero no soy culpable, eso me da coraje, no quiero sentirme así y si bajo mi edificio, de forma automática me tapo la cara y no quiero que eso pase”, dijo la joven.
Visiblemente afectada, confesó además que pasó por su cabeza la idea de quitarse la vida, por lo que su mamá estaba muy pendiente de ella.
Barreto también se pronunció en su red social en donde asumió también su responsabilidad y manifestó que “las mujeres suelen ser las más atacadas, las más señaladas y las más irrespetadas en estos casos”, por lo que pidió “respeto para ella, su integridad, su entorno, su pareja y su familia”. "Si quieren lanzar algunas balas, aquí las recibo yo”, añadió.
Juana Fernández, asesora experta en Género y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, explica que más allá de la parte penal, es cómplice quien difunde el video porque está vulnerando el derecho a la intimidad de una persona e irrespetando su ejercicio legítimo a su sexualidad. “Es una forma de denigrar”, dice.
Menciona que si antes se apedreaba a una mujer por sus actos, ahora se juzga a través de redes sociales y de medios de comunicación porque existe un estándar de una imagen de mujer perfecta, pura y casta. Ese modelo, continúa, es conocido como “marianismo”, un concepto sociológico en el que el imaginario social idealiza un estereotipo de mujer. “Hace referencia a que la mujer tiene que ser inmaculada, pura y si no es así se la juzga y pone en tela de duda su valor o formación”.
Todo esto, dice Fernández, es una forma de violencia simbólica conforme lo señala la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así lo estipula en su artículo 10, que habla que toda conducta que signifique la producción, reproducción de mensajes, símbolos, íconos e imposiciones de estereotipos de género para denigrar a una persona por su forma de vida, ejercer sus valores o creencias religiosas es una forma de violencia.
La abogada Fernández señala esta ley sirve como una mirada para comprender la violencia estructural de género pero es el Código Orgánico Integra Penal (COIP) el que sanciona las penas correspondientes.
El artículo 178 sobre violación a la intimidad sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años, a “la persona que, sin contar con el consentimiento o autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de texto, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Guerrero ha dicho públicamente que no iniciará acciones legales por la difusión del video, que tanto ella como Barreto aseguraron desconocer cómo se filtró. Sin embargo, sus colegas y amigos han difundido un espacio de apoyo en redes sociales con el hashtag #YoRespeto, con el que se busca evitar que se siga difundiendo en Internet contenido privado.
Daños intangibles
La guayaquileña Isabella Núques, pide más empatía y no compartir este tipo de contenido. “La misma persona que ve, es tan culpable como la persona que lo difundió, porque no sabe la historia detrás del video o de la foto”, expresa.
Núques comparte su rechazo como víctima de extorsión de parte de su expareja, quien señala que durante siete años le causó daños psicológicos por compartir fotos íntimas que ella le envió cuando aún eran novios.
“Es un hombre 13 años mayor a mí y jugó con mi psicología todo este tiempo”, señala la joven. Recién el año pasado decidió denunciar el caso ante la Fiscalía, luego de que su ex le haya pedido $1.500 a cambio de no compartir sus fotos personales. Fue detenido por la policía en delito flagrante y puesto en prisión preventiva, pero luego de determinar que no calificaba como agravante fue dejado en libertad con otras medidas precautelares antes del juicio.
Núques, de 25 años, confiesa que ha sido un proceso desgastante tanto físico como emocional pero asegura que llegará hasta las últimas consecuencias porque quiere marcar un precedente.
La antropóloga María Amelia Viteri enfatiza que las imágenes y videos privados deben mantenerse como tal y que en caso de recibir contenido de extraños hay que pensar que “alguien está usando ese contenido para causar daño a terceros”.
“Es violencia cibernauta, se queda y está ahí para recordarte años más tarde, porque es probable que millones de personas alrededor del mundo sigan viendo, a pesar de los problemas que implica para la persona afectada como la pérdida de trabajo, redes sociales, pérdida de pareja, necesidad terapéutica, todo esto puede cambiar tu vida”, señala.
Masiva conexión
El tráfico web de algunas páginas llega a números exorbitantes. Cada minuto se realizan 3.8 millones de búsquedas en Google, se inicia sesión un millón de veces en Facebook, se producen 347.222 navegaciones en Instagram, mientras en YouTube se visualizan 4.5 millones de videos.
En el mismo tiempo, se envían 188 millones de correos, 87.500 usuarios comparten un tweet y 41.6 millones de mensajes son enviados desde WhatsApp y Facebook Messenger, según detalló la agencia Visual Capitalist en un reporte del 2019.
La mayoría de los datos compartidos no están regulados en Internet y las filtraciones van desde informaciones sensibles de gobiernos hasta la filtración de contenidos personales de los que han sido víctimas figuras mediáticas e incluso personas alejadas de las cámaras.
Viteri sostiene que en estos días hay un componente adicional que acentúa la difusión de contenido privado: la pandemia. “Las personas están más conectadas que nunca y luego existen las emociones que ha provocado el covid-19 como un evento traumático global, esa combinación, más la persona que decide filtrar el video hace que exista el escenario ideal para el consumo del video”.
A esto se suma, señala, una sociedad “extremadamente machista, sexista, xenófoba y homófoba comprobada por los últimos hechos de conocimiento público”.
Menciona que el último caso de difusión masiva en Ecuador, se puede leer como un comentario social: “mientras más avanza la reivindicación sobre equidad de género hay más confrontaciones de la sociedad con la deslegitimación, con cualquier cosa que tenga que ver con la vida privada de una mujer”.
Viteri añade que las personas “tienen el derecho a la privacidad y decidir qué imágenes graba, comparte y con quién, pero el tema es que hay que ser cuidadosos en con quién se lo comparte”.
A esto la abogada Fernández puntualiza que la premisa fundamental es respetar la intimidad del otro, la vida y las decisiones que tome respecto a su vida, sobre su sexualidad o su forma de ejercer su sexualidad. “El reto es re-educarnos como sociedad en estos patrones socioculturales”.
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