Mujer trans y activista entre las víctimas colaterales de la masacre en la Penitenciaría del Litoral
Helen Maldonado tenía 29 años, era mujer trans y fue una de las 68 personas privadas de la libertad brutalmente asesinadas la noche del 12 de noviembre de 2021, durante la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, en la provincia del Guayas.
Maldonado ocupaba una celda en el pabellón 2 donde se registró la mayor cantidad de muertes. Estaba presa por posesión de ‘H’, “para consumo no de venta”, asegura Odalys Cayambe, vocera de la organización de mujeres trans “Vivir Libre”, quien desde el sábado asiste al centro forense policial para reconocer su cuerpo.
Helen había cumplido 14 meses de los 30 en prisión a los que fue sentenciada. Todavía no ha sido posible reconocer en algún cuerpo un tatuaje que “ella tenía en la mano y la espalda”, cuenta Cayambe, quien sospecha que Helen sería una de las personas cuyos cuerpos fueron incinerados.
Según Cayambe, antes de su muerte, Helen habría vivido varias escenas de horror dentro de la cárcel, debido a los maltratos que constantemente sufren las personas LGBTI en estos centros, pese a existir un protocolo de atención a esta población minoritaria que establece ubicar a las personas privadas de libertad por inscripción de sexo (mujer-hombre) y género (femenino-masculino).
Cayambe critica que nunca haya habido un espacio exclusivo para personas LGBTI en la cárcel, “ya que son presas constantemente de la violencia”. “Helen se expresaba como una mujer y nunca hubo una garantía ni defensa para ella”, agrega.
Quien tampoco tuvo garantías fue Erick Ortíz, quien estaba preso por tener una bolsa de droga, pero pese a cumplir su pena, no fue liberado a tiempo. Su boleta de excarcelación llegó el pasado viernes a la penitenciaría, el mismo día que fue asesinado. Su salida se estancó entre los papeleos burocráticos del sistema, contaron familiares de la víctima. Sin embargo, según Fundación Dignidad, esto sucedería porque el SNAI “rara vez tramita libertades los fines de semana”.
En las afueras del centro forense policial, las desgarradoras escenas de familiares llorando a las víctimas se repite, luego de la matanza del 28 de septiembre de este año en la que murieron 119 privados de libertad.
Según el asambleísta Héctor Vanegas, entre las víctimas también se cuenta a John Campusano, contador de la empresa Ecuagran, quien cumplía prisión preventiva por la compra de obligaciones y facturas comerciales negociables de Ecuagran y Delcorp, que registran impagos en el mercado de valores.
Además, entre los 68 asesinados en la Penitenciaría del Litoral, estaba el activista contra la minería en Molleturo, Víctor Guaillas, quien fue sentenciado a cinco años de prisión por presunto sabotaje en las protestas de octubre de 2019.
Vianca Gavilánez, coordinadora en la Fundación Dignidad e integrante de la Alianza Contra las Prisiones, recuerda que los hechos violentos del viernes "son muy graves", si se toma en cuenta que hubo constantes advertencias y pedidos de auxilio por varias horas.
"La respuesta fue después de 7 u 8 horas lo cual nos deja en muchísima zozobra, por el hecho de que si antes pensábamos que estaba siendo ineficaz el Estado, ahora pensamos que se trata de autoría por omisión, es decir, de no querer hacer", sostiene.
Como respuesta a esta última masacre, el Gobierno anunció el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, en el que se incluye siete medidas:
1. Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.
2. Se enviará un proyecto de Ley de Defensa Ciudadana a la Asamblea Nacional, que será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado.
3. La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por aquellas personas privadas de la libertad (PPL).
4. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario, de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y la ley.
5. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de dialogó entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas.
6. Indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios.
7. Y, de igual manera, la Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos.
