Un aumento inesperado en los valores a pagar por energía eléctrica reveló un indescifrable sistema de facturación producto de costosos sistemas de generación, distribución y comercialización por parte de las empresas eléctricas.
Han pasado ya treinta años desde que un político guayaquileño protestaba en las calles cargando un monigote al que llamaba “el foco ladrón”. Entonces el suministro de energía en Guayaquil estaba a cargo de una empresa que abusó del Estado y de sus clientes.
Problemas de facturación han existido siempre, pero en mayo de 2019, solo en Guayaquil se presentaron más de diez mil reclamos. Unos relacionados con un incremento de hasta cinco veces en los valores que se cobran por alumbrado público y otros por sorpresivos aumentos del consumo a pesar de los esfuerzos de ahorro que hacen los ciudadanos.
A Alexandra Holguín la primera sorpresa le llegó con la planilla de febrero. Tenía que pagar 155 dólares, el doble de lo que había pagado en el mismo mes del año anterior. Ella vive en una de las ciudadelas de clase media-media de la vía a la costa, al oeste de Guayaquil. “¡Esto es un robo!”, exclama Alexandra, una profesional de la salud. “Soy de las que está pendiente de apagar los focos que mis hijos dejan prendido. La casa es nueva, las “doras” son inverter para ahorrar luz y miren la planilla”, añade indignada.
La segunda sorpresa fue en la planilla de abril. Si bien el consumo en kilovatios/hora había bajado un poco, el pago por “alumbrado público” fue seis veces mayor que en marzo. “Y aquí, pasando Los Ceibos, la vía a la Costa es oscurísima”. Revisando sus facturas, notamos que en los tres últimos meses, ella debe pagar un 64 por ciento más que en los mismos tres meses del año pasado.
Por lo pronto el aumento del alumbrado público que aprobó la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) ha sido derogado o, al menos así lo anunciaron las autoridades. Habrá que esperar la planilla de junio para verificarlo.
El otro problema le costó el puesto al gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Wilfrido Veintimilla. ¿Qué pasó? La empresa estatal había contratado la lectura de medidores con una compañía que no cumplió con su trabajo. Al parecer, los encargados de hacerlo no visitaban los domicilios y, al ojo, usando promedios anteriores, reportaban el consumo. La contratista, además ha entrado en liquidación. Los nuevos encargados descubrieron el error.
Desde el inicio de este gobierno, CNEL ha estado en el ojo del huracán, bajo sospechas de injerencias políticas en el nombramiento de sus autoridades.
CNEL agrupa a once empresas eléctricas que comercializan energía eléctrica en diez provincias del país que incluye a toda la costa ecuatoriana, más Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos.
Complejo pliego tarifario
En los inicios de la Revolución Ciudadana, en 2007, la Constituyente de Montecristi dictó el Mandato 15 que fortaleció el control del Estado sobre el sistema eléctrico del país.
Uno de los puntos otorgaba al Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, la facultad de aprobar los pliegos tarifarios.
Sin embargo, en su cálculo hubo un cambio importante. Se estableció que para establecer el costo final del kilowatio/hora, “no se considerarán los componentes de inversión”, añadiendo que “Los recursos que se requieran para cubrir las inversiones en generación, transmisión y distribución, serán cubiertos por el Estado”.
Esto significaba, en teoría, que los seis mil millones de dólares que se dijo se invertirían en ocho “proyectos emblemáticos”, no serían cargados al usuario final, sino que saldrían directamente del Presupuesto general del Estado.
Pero, aunque se dejó de lado la amortización de lo que se invertía, el costo del kilovatio no bajó mucho, se fijó en 8,3 centavos de dólar para el año 2008, apenas seis décimas de centavo menos que antes del correato. El precio actual para el sector residencial es de 10,28 centavos. Pero no todos pagan lo mismo.
Los medidores instalados en cada casa miden los kilovatios/hora consumidos por todos los artefactos eléctricos. Cada mes se toma la lectura del medidor y se elabora la factura. Si ese valor se lo multiplicara por un precio fijo de cada kilowatio/hora, el cálculo sería sencillo.
Pero existe una tabla para que los que menos consumen paguen menos y viceversa. Si una casa consume menos de 130 kilovatios se le aplica la llamada “tarifa de la dignidad” y, además se hace acreedor a un “subsidio cruzado”. Sumados estos beneficios, la tarifa se sitúa en cinco centavos por kilovatio. Si el usuario es de la tercera edad o discapacitado, califica para otros descuentos especiales.
La propia Ley establece que los sectores productivos deben tener tarifas preferenciales que fomenten la generación de empleo. Por eso las industrias pagan en promedio 2,4 centavos menos que los residenciales. Mientras que el sector comercial paga un uno por ciento más que los residenciales y ayuda a cubrir las pérdidas que ocasionan los otros subsidios.
Problema de gestación
Generación, transmisión y distribución son las tres grandes etapas por las que pasa el sistema eléctrico. Lo que cuesta cada una de ellas, lo termina pagando el usuario.
Se dijo que con la entrada en funcionamiento de las centrales hidroeléctricas el costo de la energía eléctrica bajaría a tres o cuatro centavos por kilovatio/hora. En 2019 cuando la generación hidroeléctrica alcanza el 88 por ciento del total, el costo para cubrir gastos ha sido calculado en 9,38 centavos por cada kilovatio hora. ¿Por qué tanto?
Uno de los problemas es que se construyeron tantas centrales que dieron como resultado el que en potencia instalada tengamos el doble de lo que necesitamos. 104 generadores de todo tipo, suman 8.600 megavatios, es decir como si tuviéramos ocho centrales Paute, cuando solo necesitamos cuatro.
Un análisis del departamento de investigación y proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil alerta que “la mitad de la capacidad de generación no se utiliza”. El documento, elaborado a inicios el año pasado, preveía que “La demanda anual de potencia del Ecuador, en 2018 sería de 4.290 megavatios. Pero tras la construcción de los proyectos hidroeléctricos, la potencia instalada es de alrededor de 8.226 megavatios”. El estudio concluye que “Esta podría ser una de las causas del aumento de tarifas”.
Vale recordar que varios de los casos de corrupción están relacionados con la construcción de las nuevas centrales. El ministro de energía Carlos Pérez dio otra pista: “Las hidroeléctricas, dependiendo de su tamaño, tienen valores de 1.500 a 1.700 dólares por cada megavatio de generación. En nuestro caso, algunas hidroeléctricas han costado 4.000 dólares por megavatio”.
El componente más alto en la valoración del kilovatio hora que llega a los hogares es lo que cuesta la distribución. Esa gestión representa el 60 por ciento del precio final. Las distribuidoras son las “empresas eléctricas” que conocemos en cada ciudad. Ellas compran la energía en las centrales, no gastan en transporte gracias al Sistema Nacional Interconectado y su responsabilidad es construir y mantener la telaraña de cables en las poblaciones para llevar electricidad a nuestros medidores. Son ellas también las que nos facturan y cobran, pero por ese rubro lo cobran aparte. Por la sola distribución se consumen 5,45 centavos de dólar por kilovatio. No se ha conocido un estudio que permita evaluar la eficacia o no de las mismas. En el país funcionan 20 de estas empresas eléctricas.
El transporte, técnicamente llamado transmisión, se lleva algo más de medio centavo. Actualmente está en construcción un sistema de cables de 50 mil voltios, casi exclusivos para el uso de la central Coca Codo Sinclair. Cuando se inauguró la primera etapa, habían pocos kilómetros de cables para sacar la energía. Esa central está en capacidad de generar casi el 40 por ciento de la demanda nacional, pero apenas llega al 26 por ciento.
De los ocho “proyectos emblemáticos” ya están operando cinco. La más demorada, paradójicamente es la primera que se empezó a construir: Toachi-Pilatón. Allí se han gastado ya 500 millones y faltan unos 150 más para terminarla.
La moraleja es que la fiesta nos salió muy cara. Antes nos faltaban unos megavatios que le comprábamos a Colombia, hoy nos sobra la mitad y, por ahora, nadie nos compra el sobrante. Mantener y operar lo construido nos está costando a todos los ecuatorianos. Y no basta con “apagar los focos”.
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