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Deuda por impuestos de petrolera Perenco obstaculiza pago de laudo de Ecuador

martes, 30 agosto 2022 - 21:31
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Una deuda por impuestos que la petrolera anglofrancesa Perenco mantiene con Ecuador dificulta el cumplimiento de una sentencia de 374 millones de dólares a favor de la compañía, informó este martes el ministerio de Economía y Finanzas.

"Perenco mantiene deudas con el Servicio de Rentas Internas y esto ha dificultado el pago del laudo", señaló la cartera en un comunicado, en el que no precisó el monto adeudado por la firma.

Agregó que Quito espera llegar a un acuerdo para "establecer un mecanismo adecuado de pago hasta que se alcance una definición legal sobre las obligaciones tributarias", un caso que se tramita en cortes estadounidenses.

La nación perdió con Perenco un litigio, iniciado en abril de 2008, por el aumento de 50% a 99% de su participación en las ganancias adicionales por el alza del precio del petróleo dispuesto por el gobierno del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017).

Entonces, la empresa -que ya no opera en el país- acudió al tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, del Banco Mundial) y exigió en principio una compensación de 1.423 millones de dólares.

En 2021, el CIADI le ordenó a Ecuador pagar 374 millones de dólares a la petrolera.

El ministerio de Economía ratificó "el compromiso del país por cumplir el laudo arbitral", pero advirtió que el cumplimiento "se hará precautelando los intereses del Estado ecuatoriano".

A inicios de agosto se conoció que la petrolera consiguió que Luxemburgo congelara cuentas bancarias de Ecuador, utilizadas para realizar pagos de deuda externa.

Quito sostiene que esa medida, de la que no ha sido notificado por parte de autoridades judiciales, no ha afectado su capacidad para pagar a sus acreedores.

En 2017, el CIADI también condenó a Quito a pagar una indemnización de 337 millones de dólares a la estadounidense Burlington, que explotaba dos bloques conjuntamente con Perenco.

Las compañías fueron acusadas por Quito en 2009 de abandonar sus operaciones en Ecuador y en 2010 se declaró la caducidad de sus contratos en el país, que les permitían extraer 21.365 barriles de crudo diarios.

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