Gobierno informa sobre activos de Ecuador en Luxemburgo, al reiterar que pagará indemnización a Perenco
En torno a la millonaria indemnización que debe pagar el Estado a favor de la petrolera anglo-francesa Perenco y al congelamiento de los activos de Ecuador –reportados por agencias de medios internacionales- el Ministerio de Economía y Finanzas se pronunció este lunes 1 de agosto mediante un comunicado.
Un documento al que tuvo acceso Reuters muestra que un agente judicial luxemburgués, Pierre Biel & Geoffrey Galle, ordenó el pasado 28 de julio a 122 entidades bancarias que operan en Luxemburgo la congelación de activos en cuentas utilizadas por Ecuador en nombre de Perenco.
La cartera de Estado informó que hasta el momento no se ha recibido una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales de Luxemburgo, ni se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero.
También señaló que la retención habría sido ordenada por los jueces de Luxemburgo en ejecución del laudo, dictado el 12 de septiembre de 2014, por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Este proceso arbitral se inició el 30 de abril de 2008, en el cual Perenco exigía originalmente el pago de $ 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.
En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 de 4 de octubre de 2007, dictado durante la administración del expresidente Rafael Correa, se incrementó al 99%.
En su gobierno, Correa arrinconó a las petroleras extranjeras al recortarles las ganancias y cambiarles el modelo para operar en la nación. Por lo que se aumentó la participación de Ecuador en las ganancias adicionales, al argumentarse el aumento del precio del petróleo.
No obstante, el Tribunal Arbitral resolvió que dicho incremento equivalía a una confiscación y condenó al Estado ecuatoriano al pago de $ 374’373.154.
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El Ministerio de Economía y Finanzas, acompañado de la Procuraduría General del Estado (PGE), aseguró que continuará con el establecimiento del mecanismo de pago con la compañía Perenco.
Y que una vez hechos los pagos, corresponderá a la PGE coordinar con las entidades públicas correspondientes el inicio de los juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente.
El derecho de repetición es un instrumento legal que busca recuperar el monto pagado por un Estado, tras una sanción provocada por la acción de algún funcionario.
