Contraloría detectó falencias en la prestación del servicio de fotomultas en algunas ciudades del Ecuador
En los informes que se tomaron como muestra para la elaboración del reporte, constan las conclusiones de los exámenes a los procesos llevados a cabo, desde 2013 hasta 2022, por los municipios de Cuenca, Esmeraldas, Loja, Santa Elena y Ambato.
Sin embargo, en Santa Elena donde esta competencia está cargo del Consorcio Sevise no se detectaron irregularidades en el sistema de radares y fotomultas.
Este consorcio dijo que cuenta con el certificado de calibración y homologación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, entre otros requisitos legales.
El análisis arrojó tres principales problemas provocados por la delegación del servicio público a consorcios privados: falencias en la gestión de cobro de multas, inobservancia de los términos contractuales, y la ausencia de estudios técnicos, económicos y legales.
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FALENCIAS EN EL COBRO DE MULTAS
Según el informe de la Contraloría, el 18 % de los hallazgos de auditoría dan cuenta de falencias en la cobranza de las multas, lo que originó que los gobiernos autónomos no cuenten con recursos suficientes para programas de educación sobre seguridad vial y otras actividades que favorezcan a la comunidad.
Por ejemplo, en Loja no se adjuntaron a las citaciones las fotografías del momento de la infracción, por lo que los conductores no conocieron la velocidad a la que circulaban. Además, se multaron excesos de velocidad fuera de la red vial de competencia del cabildo.
Jueces competentes también emitieron sentencias absolutorias que dieron de baja títulos de crédito y dispusieron al gobierno autónomo descentralizado la devolución de 1.6 millones de dólares que se cobraron por multas.
Mientras que en Cuenca se emitieron 14.782 citaciones, que se fundamentaron en un numeral del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que no tenía relación con la infracción que se cometió, lo que invalidó las multas.
En cambio, entre 2020 y 2021, los funcionarios del municipio de Esmeraldas no elaboraron, registraron e ingresaron al sistema informes diarios de sanciones que sumaron 174.000 dólares, imposibilitando el cobro de las penalidades a los infractores.
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INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
La Contraloría menciona que el 42% de los hallazgos en el análisis corresponden a incumplimientos de los compromisos contractuales por parte de las empresas concesionarias.
Por ejemplo, en Ambato se identificaron 389 infracciones por exceso de velocidad que fueron rechazadas debido a errores de digitación, boletas sin coordenadas, imprecisiones en la digitación de números de placa. Además, no se notificaron las infracciones a los nuevos propietarios de vehículos que fueron vendidos.
En ese cantón, el consorcio inició la operación de un fotosensor sin contar con autorización ni derecho de uso de vía. Sin embargo, el dispositivo captó, confirmó y registró excesos de velocidad en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, que posteriormente fueron notificados a los infractores. Por esta anomalía no se sancionó al concesionario con la multa establecida en el contrato.
Mientras que en los expedientes de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP) no constó documentación que evidencie que el contratista realizó la inversión inicial ofertada, por 2.6 millones. Tampoco invirtió el 5.1 % de los ingresos percibidos en 2019, en campañas de educación vial.
Otras irregularidades del concesionario: no implementó el mínimo de diez dispositivos tecnológicos para el control de tránsito, no sustentó técnicamente las razones por las que no instaló todos los fotorradares y no justificó el cambio de ubicación de algunos equipos.
En el Municipio de Loja, la empresa privada demoró entre nueve y 637 días para registrar 3.505 infracciones, aunque el contrato estableció un plazo de 5 días para realizar el procedimiento, ocasionando que no se cobren multas por USD 162.500.
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SIN ESTUDIOS TÉCNICOS, LEGALES Y ECONÓMICOS
El análisis de los informes de auditoría también arrojó que no se elaboraron estudios legales, técnicos, operativos y económicos que sustenten la decisión de concesionar la detección, registro, notificación y sanción de infracciones de tránsito.
Tampoco se justificaron los montos de inversión, plazos y los porcentajes de participación de las alianzas estratégicas.
La Contraloría menciona que los concejos municipales de Ambato y Loja no conocieron los estudios de prefactibilidad y factibilidad que demuestren la conveniencia de concesionar el servicio, ni los informes sobre la falta de capacidad técnica y económica de los cabildos para gestionar directamente el servicio de control de tránsito.
Además, durante los exámenes realizados a la Empresa de Movilidad de Cuenca se estableció que los horarios para el funcionamiento de los fotosensores no se fijaron a partir de criterios técnicos y estadísticos, no se consideraron ‘horas pico’, siniestralidad y riesgos.
