Contraloría identifica irregularidades en contrato de fotorradares en Ambato
La Contraloría General del Estado comunicó este jueves 6 de diciembre a través de una misiva que, tras realizar acciones de control, al contrato para el registro de infracciones de tránsito, suscrito por el Municipio de Ambato, se identificó las siguientes irregularidades:
- Selección del proveedor.
-Infracciones rechazadas sin sentencia judicial.
-Equipos con problemas de funcionamiento.
-Multas no impuestas al contratista.
En 2016, la auditoria al proceso de concesión determinó que el uso de cámaras de control no tenía sustento de estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación financiera ni socioeconómica.
La institución de control fiscal también señala que no se informó al Concejo Municipal sobre la falta de capacidad técnica y económica de la municipalidad para gestionar el control del tránsito y tampoco se sustentó la conveniencia de concesionar el servicio de fotorradares.
Además, el único oferente no cumplió con los requisitos mínimos, tales como la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012, certificados de la experiencia del personal, capacidad técnica, operacional y de gestión. Tampoco se habría efectuado pruebas operativas de las cámaras que se iban a utilizar para captar las imágenes.
Algo que también le resulta extraño a la Contraloría es que la concesionaria se haya constituido el 31 de octubre de 2013, es decir, un mes antes de presentar la oferta.
Asimismo, tras el análisis del equipo de control se concluyó que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones, lo que provocó pérdidas para el Municipio de USD 50.405, correspondiente al porcentaje de participación, según el contrato.
También se detectó que el administrador del contrato solicitó rechazar otras 227 infracciones por USD 29.534 argumentando la presentación de certificados médicos, cambio de límite de velocidad y excesos menores a un kilómetro por hora decisiones que no se habrían respaldado en sentencias judiciales.
En 2020, en otro examen de la Contraloría se determinó que los Directores de Tránsito de la municipalidad no controlaron que la sistematización de las infracciones concuerde con los límites de velocidad.
Esto regeneró pérdidas de USD 1'382.191 al Cabildo, dado que las sanciones que se había impuesto eran erróneas. Sin embargo, no se multó a la concesionaria por esta omisión.
De igual manera, se descubrió que la concesionaria notificó extemporáneamente sobre la sanción a los infractores, lo que generó nuevamente que el Municipio deje de percibir USD 91.798. Tampoco se impuso una multa al proveedor por esta falta grave.
A eso se suma que, según los auditores, no se realizaron pruebas de funcionamiento nocturno de los radares no se verificó la ubicación de las cámaras, impidiendo que se identifique correctamente y se rechacen 164.820 contravenciones de tránsito.
