Ajuste al ingreso de licor por medio de Duty Free reactiva discusión sobre contrabando en Ecuador
La Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador respalda la reducción del cupo de licor libre de impuestos, pero advierte que el problema de fondo sigue siendo el peso del mercado ilegal.
La decisión del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) de reducir de cinco a tres litros el ingreso permitido de licor por tiendas Duty Free volvió a poner sobre la mesa el impacto del contrabando y la informalidad en el mercado ecuatoriano de bebidas alcohólicas y cigarrillos.
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La medida, aplicada principalmente en tiendas libres de impuestos ubicadas en los aeropuertos de Quito y Guayaquil, busca limitar el uso comercial irregular de un beneficio concebido originalmente para consumo personal de viajeros.
Desde el sector licorero, el ajuste es visto como una señal positiva, aunque insuficiente frente a una problemática más amplia.
Representantes de la industria sostienen que durante años el esquema de Duty Free habría sido aprovechado para abastecer circuitos informales de comercialización de bebidas alcohólicas sin pago de impuestos, afectando a supermercados, distribuidores, importadores, cadenas comerciales y productores que operan dentro del marco legal.
Según cifras del sector, alrededor del 75% del mercado de licores correspondería a productos de contrabando o fabricación ilegal.
En el caso de los cigarrillos, la estimación es aún mayor: el comercio ilícito concentraría aproximadamente el 85% del mercado nacional.
Santiago Trejo, director ejecutivo de la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (ADILE), sostiene que una revisión del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) podría ayudar a reducir la diferencia de precios entre productos legales e ilegales.
Según el planteamiento gremial, una menor presión tributaria permitiría hacer más competitivo al mercado formal, incentivar la formalización, elevar la recaudación efectiva y disminuir el atractivo económico del comercio ilícito.
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Trejo también insistió recientemente en que el contrabando no debe analizarse únicamente como un asunto sanitario o tributario, sino como un fenómeno vinculado a seguridad, debido al volumen económico que mueve.
La industria calcula que las redes ilegales asociadas a licores y cigarrillos podrían movilizar alrededor de USD 500 millones al año, recursos que —según advierten— podrían fortalecer economías ligadas a estructuras de delincuencia organizada.
Más de 10 millones de cigarrillos fueron decomisados en Guayaquil
El debate se profundiza además en medio de recientes decomisos relacionados con el comercio ilícito de tabaco.
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Días atrás, la Aduana evitó el ingreso de más de 10,4 millones de cigarrillos que intentaban entrar por el puerto marítimo de Guayaquil.
La carga, procedente de Panama, estaba oculta dentro de un contenedor declarado como equipos de aire acondicionado y fue detectada mediante perfiles de riesgo aduanero, cooperación internacional, inconsistencias en el peso del cargamento y herramientas tecnológicas de análisis.
El operativo, ejecutado con apoyo de la Armada del Ecuador, permitió decomisar 10.440.000 cigarrillos, equivalentes a 1.044 cartones.
Las autoridades mantienen bajo revisión las marcas halladas en el cargamento para determinar posibles nexos con redes dedicadas al contrabando.
Entre enero y abril de 2026, el Servicio Nacional de Aduana ya había retenido 2.185.240 cigarrillos en diferentes operativos realizados en el país.
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