Contraloría detecta indicios penales y sugiere glosas por USD 5,7 millones tras auditoría al Metro de Quito
El informe con indicios de responsabilidad penal será remitido a la Fiscalía para el trámite correspondiente, según informó la Contraloría este jueves.
La Contraloría General del Estado aprobó este jueves el informe del examen especial que revisó una serie de contratos y procesos ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) entre febrero de 2020 y diciembre de 2024.
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El análisis concluye que existen irregularidades en la administración de recursos y determina indicios de responsabilidad penal. Además, sugiere glosas que por un valor acumulado de USD 5,7 millones.
El análisis abarcó el convenio para la construcción de la primera línea del Metro de Quito en su segunda fase, así como contratos relacionados con la gerencia del proyecto, la fiscalización, la compra y financiamiento del material rodante, y los servicios necesarios para su puesta en operación.
Auditoría identifica cinco áreas críticas
En 15 estaciones se verificaron diferencias entre cantidades planilladas y ejecutadas, lo que llevó al Municipio de Quito a cancelar USD 100.961 por trabajos que no se realizaron.
Además, se descubrió que la EPMMQ adquirió servicios de seguros y mantenimiento de material rodante sin aplicar los procedimientos de contratación pública exigidos.
Esto impidió la concurrencia de oferentes y afectó la transparencia, generando pagos por USD 2,63 millones en costos indirectos del convenio de obra.
Por otro lado, los inversores de tracción de los trenes no alcanzaron el 98% de eficiencia prometida. A pesar de ello, el consultor de fiscalización validó el cumplimiento técnico y la empresa pública terminó cancelando USD 2.5 millones sin recibir el rendimiento contratado.
Un siniestro no indemnizado también se detectó. La unidad de tracción 16 sufrió un descarrilamiento durante pruebas. El tren quedó fuera de servicio por 402 días, acumulando daños por USD 441.809, monto que no fue asumido por el consorcio responsable.
Finalmente, herramientas, repuestos, equipos de taller y vehículos auxiliares adquiridos mediante el contrato LICB-EPMMQ-2014-116 no fueron ingresados al sistema contable SAP SIPARI, dejando incompleta la información patrimonial de la municipalidad y afectando la toma de decisiones.
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Como resultado, la Contraloría sugirió glosas civiles por USD 5’761.274,41 y fijó responsabilidades administrativas equivalentes a USD 81.265.
El informe con indicios de responsabilidad penal será remitido a la Fiscalía para el trámite correspondiente, según informó el organismo a través de un comunicado difundido en redes sociales.
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