La Procuraduría General del Estado (PGE) informó este miércoles que realizó el embargo de bienes inmuebles pertenecientes al excontralor Carlos Pólit, condenado en Ecuador por el delito de concusión, tras una orden emitida por el tribunal de ejecución de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.
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Según detalló la institución, la medida se adoptó luego de que Pólit se negara a cumplir con la obligación económica establecida como reparación integral dentro del fallo judicial. Ante ello, la Procuraduría activó los mecanismos de ejecución forzosa contemplados en la normativa vigente para garantizar el resarcimiento al Estado.
El embargo permitirá que los bienes sean rematados y monetizados, con el fin de recuperar parte de los recursos públicos desviados.
El procedimiento parte de una investigación patrimonial y financiera impulsada por la Procuraduría en la fase de ejecución de la sentencia.
“La Procuraduría General del Estado reitera su compromiso de emplear todas las herramientas legales para recuperar el dinero sustraído por actos de corrupción y asegurar que las sanciones judiciales se cumplan efectivamente”, señaló la entidad mediante un comunicado oficial.
Sentencias de Pólit
El exfuncionario actualmente cumple una pena acusado por el delito de conspiración para lavar activos en Estados Unidos, tras ser sentenciado en octubre del año pasado a diez años de prisión, por una jueza de la Corte del Distrito Sur de Florida., este martes 1 de octubre.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en ese juicio, entre 2010 y 2015, mientras ocupaba el cargo referido, Pólit solicitó y recibió más de 10 millones de dólares en pagos de sobornos de Odebrecht S.A., el conglomerado de construcción con sede en Brasil.
La sentencia fue alcanzada cerca de seis meses después de que un jurado federal de Miami declaró culpable al Pólit, de 74 años, por utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar dinero y promover un esquema de pagos ilícitos en Ecuador.
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En Ecuador, el exfuncionario ya había sido sentenciado en 2018 a seis años de prisión por el delito de concusión, tras comprobarse que exigió sobornos a la constructora Odebrecht a cambio de desvanecer glosas y evitar sanciones en varios contratos públicos.
La Corte Nacional de Justicia ratificó la condena en 2020, dejándola en firme, junto con una reparación económica de 40,4 millones de dólares a favor del Estado, resolución que dio pie al embargo.
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