Este lunes 6 de octubre, un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el habeas corpus presentado por 10 de los 12 manifestantes detenidos en Otavalo, provincia de Imbabura, epicentro del paro nacional convocado por la CONAIE contra el Gobierno de Daniel Noboa.
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Los procesados habían sido trasladados a cárceles de alta peligrosidad, en Portoviejo y Esmeraldas, tras ser imputados por supuesto terrorismo, relacionado con la quema de vehículos en una comisaría y las agresiones a policías, ocurridas el 22 de septiembre pasado.
En la audiencia, los magistrados ordenaron el traslado inmediato de siete de los procesados desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, al centro de privación de libertad de Ibarra, en Imbabura, al considerar que el SNAI vulneró sus derechos al alejarlos de su entorno social y cultural.
Previamente, tres de ellos ya habían sido trasladados a Ibarra debido a problemas de salud.
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El 22 de septiembre, un grupo de personas atacó de forma violenta las instalaciones del Comando y de la Policía Judicial en Otavalo. Según las primeras investigaciones de Fiscalía, los implicados irrumpieron en las oficinas, rompieron el portón de ingreso, causaron daños materiales, sustrajeron documentos e indicios, e incendiaron más de diez vehículos –entre automóviles y motocicletas, institucionales y particulares–, además de maquinaria.
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado procesó penalmente a trece personas por el presunto delito de terrorismo.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Jueza de la Unidad de Garantías Penales especializada en delitos de corrupción y crimen organizado acogió el pedido fiscal y dictó prisión preventiva para doce implicados, mientras que a una mujer le impuso medidas alternativas.
Durante la diligencia, el Fiscal del caso presentó las versiones de los servidores policiales que fueron agredidos con piedras. Ellos identificaron a los procesados como presuntos responsables de los ataques y de portar explosivos artesanales, bombas molotov, escudos metálicos, entre otros artefactos.
Los informes periciales de Criminalística determinaron que las pérdidas materiales por la incineración de los vehículos superarían los USD 125.000.
Además, un reporte del Cuerpo de Bomberos confirmó el uso de bombas molotov, voladores, piedras y otros artefactos explosivos, que ocasionaron graves daños en las estructuras policiales. En el interior de los inmuebles también se hallaron vainas percutidas que serán periciadas para determinar su pertenencia y trazabilidad.
El detonante de estas protestas, que este lunes cumple quince días, fue la eliminación del subsidio al diésel decretada por el Daniel Noboa, que hizo que el precio de este combustible subiese de 1,80 a 2,80 dólares por galón.