Leonidas Iza es investigado por secuestro mientras un juez analiza la liberación de tres policías retenidos en Cotopaxi
El magistrado ordenó que un psicólogo y una doctora vayan hasta el sitio para revisar presencialmente a los agentes.
Una denuncia contra Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), por presunto secuestro, fue presentada en la Fiscalía General del Estado.
Paralelamente, la Policía Nacional interpuso un recurso de habeas corpus con el que busca la liberación de tres agentes de Inteligencia retenidos desde el lunes en una comunidad indígena, en Cotopaxi, tras ser señalados de un supuesto intento de asesinato contra el excandidato presidencial.
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El caso salió a la luz el martes, después de que Iza denunciara que los policías llegaron el lunes hasta su vivienda, ubicada en la comunidad de San Ignacio, de la localidad de Toacaso, en la provincia de Cotopaxi, y empezaron a filmarlo desde un vehículo.
Posteriormente, aseguró Iza, habrían querido atropellarlo cuando salió a la calle para intentar averiguar por qué lo estaban siguiendo, pero que el conductor del vehículo en el que se movilizaban los agentes frenó al ver al exdirigente.
Desde ese momento, la comunidad retuvo a los agentes y la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi convocó a una audiencia comunitaria de justicia indígena con el objetivo de esclarecer los motivos de la supuesta "infiltración", y en la que se analizaron unos 5.000 archivos que estaban en los celulares de los tres uniformados.
Policía denuncia retención 'ilegal'
La Policía señala que los agentes fueron retenidos de manera "ilegal, arbitraria e ilegítima" por parte de los habitantes de San Ignacio, cuando estaban realizando diligencias como parte de una investigación previa iniciada por la Fiscalía.
Por esta razón piden que se declare la vulneración de los derechos de los agentes a la libertad y libre tránsito, y, como consecuencia, se ordene su liberación, que el Iza pida disculpas públicas a los afectados y que se investigue y sancione a los responsables.
La audiencia de este caso se instaló durante la madrugada de este jueves y por más de cuatro horas los abogados de los policías insistieron en que los agentes habían sido secuestrados, que no se podía aplicar justicia indígena en contra de ellos, y que temían por su salud, ya que supuestamente habían sido maltratados.
Además, aseguraron que esta situación podría crear un "precedente nefasto para el país", ya que "de aquí en adelante cualquier grupo de personas que se identifiquen como miembros de una comunidad ancestral van a poder retener arbitrariamente a cualquier persona, no solo a agentes del Estado".
Los tres policías, quienes estaban conectados a la audiencia desde el sitio en el que están retenidos, le dijeron al juez que estaban "muy bien" y que sus derechos habían sido respetados en todo momento por parte de la comunidad.
El magistrado suspendió la diligencia y ordenó que un psicólogo y una doctora vayan hasta el sitio para revisar presencialmente a los agentes. Está previsto que la audiencia se retome por la tarde para escuchar la decisión judicial.
Conaie exige investigación
Carlos Poveda, abogado de las organizaciones indígenas, dijo en la audiencia que Leonidas Iza es "víctima de una persecución" y que la Policía no había podido justificar adecuadamente las razones por las que los agentes estaban siguiendo al exdirigente.
Añadió que han conocido que desde la institución policial se ha puesto una denuncia por un presunto delito de secuestro en contra de Iza.
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Por su parte, Marlon Vargas, presidente de la Conaie, exigió una investigación exhaustiva sobre la persecución y los ataques contra líderes y dirigentes sociales, al señalar que este hecho atenta contra todo el movimiento indígena y popular.
"Expresamos nuestra solidaridad con Leonidas y con todos los compañeros que, a lo largo de distintos gobiernos, han sido perseguidos, enjuiciados, encarcelados e incluso asesinados", manifestó Vargas.
Esta tarde también podría concluir la audiencia comunitaria de justicia indígena en la que se conocerá la resolución de las organizaciones sobre los agentes retenidos.
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