Han pasado dos años desde aquella tarde en la que el otrora candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado, al término de un encuentro con cientos de simpatizantes en el coliseo del excolegio Anderson, al norte de Quito.
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Era el 9 de agosto de 2023. Faltaban once días para que millones de ecuatorianos acudieran a las urnas en comicios anticipados, luego de que el entonces presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional, con el costo de poner fin a su propio mandato.
Con la mano levantada y sonriendo ante decenas de simpatizantes que lo seguían acompañando aún cuando dejó su atril, Villavicencio entró al vehículo en el que, segundos después, recibió varios disparos de un gatillero que lo esperaba para arrebatarle la vida.
Gritos desgarradores y escenas de pánico se apoderaron del lugar. Sin que aún se supiera lo ocurrido, algunos seguidores se lanzaban al suelo o corrían de regreso al coliseo, mientras los guardaespaldas del candidato abatían al hombre armado.
Villavicencio, gravemente herido, fue trasladado por miembros de su equipo de seguridad a la Clínica de la Mujer, el centro de salud más cercano. Entretanto, alguien de su círculo cercano, con voz entrecortada, le confirmaba en una llamada al periodista Carlos Vera que a “Fernando le habían disparado”.
Su muerte fue anunciada poco después, marcando uno de los episodios más oscuros de la política ecuatoriana. “A nosotros esta democracia nos ha costado la vida”, había dicho en ese último mitin, en el que el exlegislador reafirmó su ímpetu por cambiar el país.
Otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías y simpatizantes.
La Policía detuvo posteriormente a seis hombres colombianos presuntamente vinculados al ataque, en un operativo realizado en el sector Las Monjas, al norte de Quito. Pese a que fueron trasladados a cárceles diferentes, todos murieron en los días siguientes por ahogamiento, en circunstancias que nunca se esclarecieron del todo.
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Entretanto, el periodista Christian Zurita, uno de los amigos más cercanos de Villavicencio, dio un paso adelante para reemplazarlo como candidato del Movimiento Construye. Acompañado por la compañera de fórmula de Fernando, Andrea González, se presentaron juntos ante el país. La imagen causó un remezón en las previsiones electorales y fue aclamada por miles de ciudadanos.
El 20 de agosto del 2023, en unas elecciones presidenciales en las que el actual mandatario, Daniel Noboa, pasó a segunda vuelta con la candidata del correísmo, Luisa González, el binomio que representó a Fernando Villavicencio consiguió más de un millón y medio de votos, quedando en tercer lugar y dotando de fuerza inusitada a Construye.
En los meses posteriores, la investigación policial se centró en seis personas vinculadas al grupo de delincuencia organizada “Los Lobos”: Carlos Angulo, Laura Castillo, Erick Párraga, Víctor Flores, Alexandra Chimbo y José Montaño.
La inteligencia ecuatoriana concluyó que, liderados por Angulo, quien era conocido con el alias de “Invisible”, planificaron y dirigieron a distancia el ataque armado. Por ello se dispuso su detención y encarcelamiento provisional.
Angulo fue quien dio la orden de disparar contra Villavicencio. Castillo se encargó de la provisión de armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios. Ramirez, Flores y Chimbo llevaron a cabo diversas labores de logística, como vigilancia y transporte.
El 12 de julio de 2024, sin conocerse aún quienes habían sido los autores intelectuales, Angulo fue condenado a 34 años de prisión. Su mano derecha, Castillo, recibió la misma pena, mientras que los otros cómplices fueron sentenciados a 12 años.
Alias ‘Invisible’ había orquestado toda la operación de los sicarios con llamadas y mensajes desde la Cárcel de Cotopaxi, donde cumplía una sentencia.
Durante los meses posteriores, la Fiscalía manejó un expediente ultra reservado en el que se investigaba a posibles autores intelectuales, pero los avances fueron escasos. Incluso, los familiares de Villavicencio denunciaron que se les había impedido participar en el seguimiento.
La investigación, que parecía estancada, retomó la marcha luego de que Daniel Salcedo Bonilla, quien acumula más de 30 años de prisión por varias sentencias, rindiera el pasado 27 de junio un testimonio anticipado ante la Fiscalía General del Estado con respecto al magnicidio, luego de sobrevivir a un intento de asesinato en la Cárcel de Riobamba.
El pasado 17 de julio, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que aceptó escuchar su testimonio con respecto a casos de corrupción hospitalaria, Salcedo se refirió nuevamente, de forma escueta, al ataque armado.
Allí aseguró que el crimen se dio porque Villavicencio empezó a investigar a Nain Massuh, Xavier Jordán, procesado en el caso Metástasis; Ronny Aleaga, Pablo Mendoza y Leonardo Cortázar. Alegó que ellos conformaban un equipo que conseguía beneficios económicos de forma ilícita a través de la manipulación de sectores del sistema de salud, como las Unidades de Requerimiento.
El asesinato de Villavicencio, según habría dicho Salcedo al Ministerio Público, pudo haber costado hasta 200.000 dólares, abonados en dos pagos, y Jordán habría estado entre los financistas.
No obstante, Salcedo no presentó pruebas con respecto a sus acusaciones en contra de esas cinco personas. Jordán, quien reside en Estados Unidos, incluso se pronunció al respecto, calificando las alegaciones del sentenciado como “calumnias”.
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Desde 2023, alrededor de una docena de figuras políticas han sido asesinadas en Ecuador, un país que pasó de ser un territorio reconocido por su tranquilidad a convertirse en un punto estratégico para el crimen organizado.
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