El contralor general, Mauricio Torres, estima que el perjuicio al Estado por los contratos irregulares de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) con las empresas Progen y Austral Technical Management (ATM) llega a los 140 millones de dólares.
“Por estos acuerdos tienen que responder las empresas que contrataron y los servidores que cometieron estas faltas”, aseguró esta mañana en entrevista con Radio Sucesos.
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Añadió que los funcionarios gubernamentales responsables de estas irregularidades “no son solo mandos medios, sino también personas del nivel jerárquico superior”.
Torres avanzó que la noche de ayer ya se aprobó el informe del examen efectuado al contrato con la empresa estadounidense Progen y los resultados son similares a lo evidenciado con ATM la semana pasada.
“Igual hay problemas que van a derivarse a responsabilidades administrativas, civiles e indicios penales”, reiteró el contralor.
Detalló que los equipos de Progen no pudieron ser constatados porque aún estaban cubiertos y si se los revisa podría perderse la garantía, pero existen documentos que determinan que estas máquinas térmicas “no son nuevas y tampoco han sido compradas al fabricante”.
“También hay serios errores en la contratación”, comentó Torres, quien agregó que el perjuicio para el Estado es de unos 100 millones de dólares: 70 millones en la central termoeléctrica de Salitral y 30 millones en las instalaciones de Quevedo.
“Lo más grave es que no se cumple con el contrato, tenían que ser equipos nuevos y comprado al fabricante”, subrayó Mauricio Torres y señaló que sumando los perjuicios de Progen y ATM el valor asciende a 140 millones de dólares.
Sobre el contrato de ATM se conoce que los equipos no eran nuevos, sino que estuvieron en funcionamiento en el 2016 en otro país, presumiblemente de África. Además, hubo otra empresa con una mejor oferta, pero no fue asignada.
Por el momento, la Contraloría realiza los procesos administrativos correspondientes contra los funcionarios implicados y enviará a la Fiscalía los indicios penales.
Tras los reportes de la Contraloría, Fabián Calero renunció al Viceministerio de Electricidad. Él fue una de las personas que firmaron estos contratos el año pasado en el marco de la crisis energética.