La Contraloría detectó una nueva irregularidad relacionada con los contratos efectuados por el Gobierno durante la emergencia energética. Esta vez, se halló un “perjuicio para el Estado” en el acuerdo entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP) y Austral Technical Management (ATM).
El informe de la auditoría fue aprobado la noche de ayer, 14 de julio del 2025, y arrojó algunos resultados como sanciones administrativas, civiles e inclusive hay indicios penales, comentó el contralor Mauricio Torres.
El contrato tenía que ver con la adquisición, instalación, puesta en marcha y asistencia en operación y mantenimiento de generadores termoeléctricos terrestres (90-150 MW) en la provincia de Esmeraldas.
Sin embargo, Torres explicó que los equipos de Austral Technical Management, una empresa con sede en Uruguay, no eran nuevos, sino que estuvieron en funcionamiento en el 2016 en otro país.
Además, indicó que el país necesitaba una frecuencia de 60 hercios, pero los equipos eran de 50 hercios. “Existen ciertos perjuicios para el Estado”, subrayó Torres en entrevista con Teleamazonas.
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Agregó que los indicios penales serán enviados a la Fiscalía para que realicen la investigación correspondiente y determine si hubo o no tráfico de influencias o peculado.
Paralelamente, se iniciarán procesos por la vía civil y administrativa con lo cual se les notificará a cada uno de los implicados para que justifiquen las irregularidades.
Por otro lado, el contralor Mauricio Torres también informó que se ha hecho auditorías a la empresa estadounidense Progen, con la que el Estado efectuó un contrato para termoeléctricas en Salitral y Quevedo.
Los resultados se conocerán este viernes 18 de julio, pero el funcionario adelantó que “también pueden haber resultados parecidos” a los del caso ATM.