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Ambato: hombre fingió ser empleado del SRI para exigir dinero en un centro de tolerancia

El sujeto recibió prisión preventiva por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

La Fiscalía procesó a un sujeto en Ambato por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas, luego de que fingiera ser funcionario del Servicio de Rentas Internas (SRI) para estafar a la administradora de un centro de tolerancia.

Sucedió el pasado 15 de mayo del 2025, cuando Paulo C. se habría identificado como empleado del SRI. De hecho, mostró una tarjeta de identificación falsa a la administradora del local y después le exigió el pago de 50 dólares a cambio de no clausurar el local.

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Ante esta situación, la mujer accedió al pago. Mientras tanto, el sospechoso recibió el dinero y abandonó de inmediato el lugar en un taxi.

Sin embargo, la víctima junto con el propietario y un guardia del establecimiento, siguieron al sospechoso en otro vehículo, mientras alertaban al ECU 9-1-1.

Por esa razón, agentes policiales acudieron a la ubicación proporcionada y localizaron al acusado en el norte de Ambato.

Según la Fiscalía, durante el registro corporal, se encontraron como indicios una tarjeta de identificación del SRI (a nombre de otra persona), un teléfono celular y el dinero en efectivo que habría recibido minutos antes.

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$!Procesado por usurpación y simulación de funciones públicas.

PROCESAMIENTO EN FLAGRANCIA

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno presentó como elementos de convicción el parte policial de la aprehensión, las versiones de los agentes y de las personas perjudicadas, el acta de evidencias, entre otros.

El juez que conoció el caso acogió el pedido del Ministerio Público y dictó orden de prisión preventiva en contra del sujeto por su presunta participación en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

El plazo de la instrucción fiscal será de treinta días.

En caso de ser hallado culpable podría pasar entre uno y tres años de cárcel, según dicta el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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