Existe una cifra preocupante en Ecuador: 3 de cada 10 titulares de créditos han registrado atrasos en sus pagos, siendo el crédito de consumo el que presenta el nivel más alto de morosidad. Esta situación ha llevado a muchos deudores a enfrentar notificaciones de demandas judiciales por parte de sus acreedores, en medio de un escenario en el que tanto derechos como deberes deben ser comprendidos de manera equitativa.
En el sistema crediticio, la relación entre deudor y acreedor se rige por un delicado balance. Por un lado, el acreedor tiene la responsabilidad de respetar las condiciones pactadas al prestar el dinero y el derecho a exigir el pago en caso de incumplimiento. Por otro, el deudor está obligado a cumplir con los pagos y cuenta con el derecho a que se le respeten los términos del préstamo. Este equilibrio es fundamental para evitar conflictos y garantizar la justicia en las transacciones financieras.
Cuando un deudor incumple con sus obligaciones, el proceso de cobranza se inicia de forma extrajudicial. En esta primera etapa, se realizan insistentes llamados para solicitar el pago de las cuotas vencidas o para evaluar alternativas como el refinanciamiento de la deuda.
Lee también: ¿Cómo se aplicará el diferimiento de deudas por hasta 90 días en los bancos?
Sin embargo, la situación se complica cuando el acreedor decide avanzar a la siguiente fase: la cobranza judicial. Según explica el abogado César Coronel Garcés, gerente general de defensadeudores.ec, “la cobranza judicial se implementa para obligar legalmente al deudor a saldar las deudas atrasadas”, lo que puede culminar con la presentación de una demanda y la notificación formal al deudor a través de un citador.
Cuando se interpondrá una demanda judicial por deudas, el deudor recibirá una notificación formal en su domicilio, generalmente mediante la entrega de tres boletas por parte de un citador judicial, conforme a lo estipulado en el Código Orgánico General de Procesos. Ante esta situación, el abogado Coronel aconseja mantener la calma y actuar con prudencia:
No existe un tiempo legal fijo para que el acreedor inicie la cobranza judicial, ya que depende de cada caso particular y de la evaluación de factores como el comportamiento previo del deudor, el número de cuotas pagadas y las garantías ofrecidas. En un juicio de cobranza, las consecuencias para el deudor pueden ser severas, incluyendo el embargo y el posterior remate de sus bienes. Ante esta posibilidad, es crucial buscar ayuda de forma oportuna y contar con el respaldo de un abogado que pueda ofrecer una defensa adecuada.
Lee también: Para endeudarse, los ecuatorianos escogen plazos cada vez más largos
La realidad que enfrenta el sistema crediticio en Ecuador pone de relieve la importancia de la responsabilidad financiera y la necesidad de equilibrar derechos y deberes. En un entorno en el que el incumplimiento puede desembocar en consecuencias legales y económicas significativas, la prevención, el asesoramiento y la gestión oportuna de las deudas se vuelven herramientas esenciales para proteger tanto a deudores como a acreedores.