El comportamiento de los depósitos, de los créditos y de la morosidad de los clientes de bancos y cooperativas sigue reflejando la compleja situación económica del país y alertan sobre la dificultad para avanzar en la inclusión financiera de la población vulnerable.
El último informe de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo lanza esta conclusión al analizar los últimos datos. “El sector es el motor de la economía y también su reflejo; si tenemos una economía golpeada, esto se refleja en el esfuerzo adicional de las instituciones para cobrar, para colocar créditos y seguir creciendo”, afirma Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red.
Cuatro son los datos del sistema financiero que, de acuerdo con el informe de la Red, reflejan este momento de ‘múltiple crisis’ que atraviesa el país:
En septiembre pasado, la cartera de crédito que manejan bancos y cooperativas creció en 6,4% comparada con la del mismo mes del año pasado. Hace dos años, el ritmo era casi del 17%, cerca del triple.
La situación responde, según Llerena, a dos realidades: los negocios y personas no demandan la misma cantidad de crédito, pues la producción y el empleo están afectados; mientras las entidades ajustan las condiciones del crédito por temor a una mayor morosidad.
Según la Red, las entidades financieras perciben una disminución del 35% en la cantidad de solicitudes de crédito productivo; y del 10% para microcrédito. Los hogares siguen demandando crédito -las solicitudes se han incrementado en 4,6%-, pero no todas se aprueban.
Para septiembre, el 5,92% de la cartera de crédito de las instituciones financieras se identificó como ‘cartera en riesgo’; un nivel superior al del mismo mes de 2023 y el “punto más alto observado desde 2017”.
En el país, la situación económica -agravada ahora por la crisis eléctrica- ha reducido la capacidad de pago de la población y de ciertos sectores empresariales.
Según datos oficiales, el 2,13% de los créditos han sido refinanciados; para valorar lo que está ocurriendo, hay que mirar la cifra de diciembre del 2019 –antes de la pandemia-: para esa fecha, solo el 1,65% de los créditos estaban en esta situación.
Desde el 2017, según el informe de la Red, los depósitos a plazo crecen anualmente en alrededor del 13%. Para septiembre pasado, lo hicieron en un 10% comparado con el mismo mes del 2023.
“No se puede decir que los ecuatorianos están ahorrando mucho más de lo que venían haciendo; menos del 30% de la población realmente genera o manifiesta que puede generar un ahorro”, afirma Llerena.
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Lo que sí se evidencia es una reducción del consumo de los hogares: no se recupera desde mediados del 2023. Y también un incremento de las tasas de interés que pagan bancos y cooperativas por los depósitos a plazo: han crecido hasta 4 puntos en los últimos 8 años.
El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) y el riesgo país han encarecido los recursos que bancos y cooperativas buscan en el exterior para lo que se llama ‘fondearse’ y con los cuales otorgan créditos en condiciones generalmente más estables.
Estamos en un momento, dice Llerena, en que “la mayor parte de ese fondeo proviene de los depósitos a plazo; recursos internos del país”.
Lo cual genera dos situaciones: hay una competencia por captar ese dinero, lo cual eleva las tasas de interés que pagan bancos y cooperativas; como efecto, se encarecen los costos de las instituciones, que no pueden -por normativa- elevar el interés que cobran por los créditos.