El sistema cooperativo ecuatoriano atraviesa un proceso de fortalecimiento impulsado por mayores controles y mecanismos de supervisión por parte de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria.
La crisis de inseguridad que, en el 2023, tuvo un impacto equivalente al 15% del PIB -el segundo más elevado de la región- y solo el 36% de la población con un empleo adecuado dificultan la reactivación económica.
