En el primer trimestre de este año, el anuncio de la liquidación forzosa de las cooperativas de ahorro y crédito Incoop y Cariamanga, en Ambato y Loja, respectivamente, alarmó a la ciudadanía. Un año antes, el cierre de la cooperativa CREA, en Cuenca, ya había causado preocupación, pues nadie esperaba que una entidad de su tamaño tuviera problemas de solvencia.
Lea también: Estas fueron las cooperativas que más crecieron en el Ecuador durante el 2025
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Incoop y Cariamanga no son las únicas en esta situación. Hasta el cinco de mayo pasado, otras 36 cooperativas se encontraban en el mismo estatus; la mayor parte de ellas está en Ambato (11) y Quito (10).
¿Por qué las cooperativas entran en liquidación?
El deterioro de los indicadores de solvencia y liquidez, la pérdida del capital social, los altos niveles de morosidad y las deficiencias administrativas son algunas de las razones que llevan a estas instituciones a enfrentar procesos regulatorios.
Sin embargo, también pueden originarse por el incumplimiento de las medidas correctivas previstas en la normativa y por la configuración de causales expresamente establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF).
Intervenir o liquidar una cooperativa no constituye una decisión discrecional ni responde a eventos aislados, aclara la superintendente de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo.
Es el COMYF el que establece un esquema de supervisión permanente, basado en niveles de riesgo, para identificar oportunamente problemas y promover su corrección antes de llegar a medidas extremas.
En función de dicho perfil, cada cooperativa tiene distintos niveles de inspección. Para las de riesgo muy bajo o bajo existe una supervisión preventiva; aquellas que presentan debilidades moderadas están sujetas a inspección correctiva, mientras que las de riesgo alto o crítico ingresan a un esquema de vigilancia intensiva.
Esta última se aplica cuando las condiciones económicas y financieras, la calidad del gobierno cooperativo o la gestión de riesgos presentan deficiencias significativas, o cuando se incumplen los requerimientos mínimos de solvencia.
Lea también: Ecuador ocupa el segundo lugar en morosidad crediticia de América Latina
¿En qué otros casos aplica la liquidación forzosa?
El esquema también procede cuando las entidades registran pérdidas en los dos últimos trimestres o cuando las proyecciones muestran que podrían incumplir los requerimientos patrimoniales mínimos en el corto plazo.
“La liquidación forzosa constituye una medida excepcional y se produce únicamente cuando concurren las causales establecidas en el artículo 303 del Código”, explica el Superintendente.
Desde 2022, la SEPS ha gestionado la liquidación forzosa de más de una treintena de cooperativas de ahorro y crédito (COAC) , algunas con mayor criticidad debido al volumen de depósitos y de socios involucrados.
Durante este período se gestionaron pagos por más de USD 231 millones a favor de los socios afectados. De este monto, USD 178,8 millones correspondieron a coberturas efectuadas por la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) y alrededor de USD 52,8 millones a recuperaciones provenientes de los procesos de liquidación.
Lea también: Cuenta de ahorros inactiva en Ecuador 2026: Esto debe saber para reactivarla
Autodepuración del sector
En la última década, el sistema cooperativo ecuatoriano ha atravesado un proceso de saneamiento. Juan Pablo Guerra, gerente general de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR), afirma que durante este periodo se han aplicado modelos de regulación más rigurosos para el sector, un proceso que califica como inevitable para proteger a los socios y clientes de las cooperativas.
Por ello, Guerra señala la importancia de que los recursos generados por el sector sean destinados efectivamente al fortalecimiento del organismo de control. En este sentido, explica que durante la aprobación del Presupuesto General del Estado del año anterior, la Asamblea Nacional redujo de manera significativa los fondos asignados a la SEPS.
Como consecuencia, una parte considerable de los aportes realizados por las cooperativas para financiar las actividades de supervisión y control de la entidad fue transferida al Tesoro Nacional.
Según Guerra, entre el 40 y 50 por ciento del total de estos recursos generados por el sector terminó incorporándose a las arcas públicas, en lugar de utilizarse para fortalecer la capacidad operativa de la Superintendencia.
.png)
.png)