La administración Trump ha revolucionado el proceso de naturalización estadounidense con una normativa que transformará radicalmente cómo miles de extranjeros acceden a la ciudadanía. La nueva directriz, implementada desde agosto de 2025, establece criterios más rigurosos para evaluar la 'buena conducta moral' de los aspirantes, convirtiendo este requisito en un filtro mucho más estricto que podría determinar el futuro migratorio de millones de personas.
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Este endurecimiento representa un cambio de paradigma en la política migratoria estadounidense, donde el concepto de "buen carácter moral" adquiere dimensiones nunca antes contempladas. Los expertos en derecho migratorio advierten que esta medida introduce un nivel de subjetividad preocupante en el proceso, generando incertidumbre entre quienes han invertido años preparando su solicitud de ciudadanía americana.
La medida establece que los oficiales de inmigración tendrán mayor discreción para interpretar qué constituye una conducta moralmente aceptable, lo que podría resultar en evaluaciones más exhaustivas y prolongadas. Los abogados especializados en inmigración expresan preocupación por la falta de objetivos claros, argumentando que esta ambigüedad podría generar decisiones inconsistentes entre diferentes oficinas de USCIS.
Bajo estas nuevas directrices, los solicitantes de ciudadanía deberán demostrar un historial de comportamiento que cumpla con estándares morales más elevados, incluyendo aspectos de su vida personal, profesional y comunitaria que anteriormente no formaban parte de la evaluación estándar.
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Esto quiere decir que, no existe una definición exacta ni mucho menos una serie de parámetros a tomar en cuenta para decidir quién sí tiene una buena conducta moral y quién no. Todo dependerá del juicio que apliquen los oficiales de inmigración, hasta el momento.
La implementación de estos requisitos más estrictos genera consecuencias inmediatas en las comunidades inmigrantes, especialmente entre aquellos que ya habían iniciado su proceso de solicitud. Los cambios normativos afectan tanto a nuevos solicitantes como a casos pendientes.
Los especialistas en derecho migratorio anticipan un incremento significativo en los tiempos de procesamiento, ya que las evaluaciones más detalladas requerirán mayor documentación y análisis por parte de los funcionarios.
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Esta situación podría crear un cuello de botella en el sistema, afectando no solo a los solicitantes individuales sino también a las oficinas de USCIS que deberán adaptarse a los nuevos protocolos.