¿Por qué crece el número de jóvenes sicarios en Ecuador?
No dirá su nombre de pila, ese con el que fue inscrito. Lo dejó atrás antes de cumplir los 14 años. A esa edad usó por primera vez un arma. Ahora, a punto de cumplir los 16, las cuatro vidas que truncó rondan en su cabeza como fantasmas que despiertan ciertas noches.
Las voces le recuerdan que escogió “el camino del que no se vuelve”. Cuando se cansa de escucharlas, les ahoga con bazuco. Es base de cocaína, que se fuma. Es tan adictiva que engancha desde la primera vez.
Ayuda a olvidar el frío, el hambre, la soledad, el miedo, la angustia. El abandono del padre borracho y el maltrato de la madre agobiada por tener que alimentar sola a cuatro hijos.
Él es el menor, el que escogió el camino de la calle, el que dispara por un fajo de dólares y también ha ayudado a secuestrar por plata. El que no encontró un sitio en la sociedad, esa que ahora le señala con el dedo acusador.
“Del primero uno no se olvida nunca, madrecita. No se sabe cuándo será el próximo ‘encargo’, pero si uno deja de hacer esto le ‘pelan’, porque ya le quedaron conociendo. Ahora la cosa es simple, matar para vivir”.
Su voz transmite cansancio. Cansancio de vivir al filo de la muerte. Si hubiera podido escoger qué hacer con su vida, habría escogido “trabajar con las manos, que para eso soy bueno, desarmar cosas, ver cómo funcionan, por eso con las armas soy tan hábil y no me fallan”.
En la calle aprendió a correr, a camuflarse, a consumir la base y a robar. Con la banda aprendió a usar el arma y su bautizo de fuego fue el primer crimen. La víctima era un enemigo del líder de su grupo.
Ahora se mueve constantemente para evadir a la justicia. Pero a quienes más teme es a los grupos enemigos. Menos suerte que Jota (nombre protegido) tuvieron otros. Sabe de dos conocidos, que eran más o menos de su edad, y cayeron en manos de bandas contrarias. Nunca más volvió a verlos.
En 2021, cinco niños y adolescentes de entre 10 y 14 años fueron detenidos por homicidios intencionales. En 2022, la justicia identificó a dos menores de entre 10 y 14 años por homicidios intencionales. En ese año, aumentó de 81 a 107 el número de adolescentes de 15 a 19 años, detenidos por el mismo delito.
EL DEBATE
Cada vez que hay un pico de inseguridad, cada vez que hay noticias de niños y adolescentes envueltos en crímenes, surgen debates que tienden a focalizarse en las sanciones en lugar de centrarse en las medidas de prevención, advertía Luz Ángela Melo, abogada y representante de Unicef en Ecuador, durante un conversatorio sobre justicia y jóvenes, realizado en Quito a inicios de marzo.
Actualmente hay varias iniciativas de reforma legal en la Asamblea, que discuten el posible cambio en la edad para inimputabilidad, el tipo y la duración de las medidas, señalaba la representante de Unicef.
Sin embargo, recalcaba que “es necesario recordar que hay normas nacionales e internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño”.
En 2017, enfatizó, el Comité de los Derechos del Niño observó al Estado ecuatoriano por el incremento del máximo de la medida de privación de libertad para adolescentes.
Esta subió de cuatro a ocho años. Los políticos se llenan la boca con ofertas de incrementar las penas para contener el avance de la violencia en el país, pero no se percatan que en el caso de niños y jóvenes la ‘mano dura’ rige, de facto, desde 2014.
Ese año, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) reformó de hecho al Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al régimen de adolescentes infractores.
Esto conllevó un gran vacío legal. Si bien es cierto que las personas privadas de libertad tienen un régimen específico, el cambio legal no determinó quién emite la política pública para este grupo etario, afirmaba en el mismo evento la subdirectora de Medidas Cautelares, Penas Alternativas y Reinserción Social del SNAI, la jurista Ana María Coronel.
El SNAI es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. En Ecuador los niños y adolescentes que cometen un delito pueden ser juzgados y recibir medidas de internamiento, a partir de los 12 años. Estas se cumplen en centros especializados para adolescentes infractores, de los cuales hay 10 en el país.
Hasta inicios de marzo de 2023, el SNAI registraba 391 adolescentes en los 10 centros especializados; entre enero y marzo ingresaron 17. Quienes cumplen medidas alternativas acuden a unidades zonales de desarrollo integral; a nivel nacional funcionan nueve.
De acuerdo con la representante de Unicef, “son pocos los países que mandan a los niños de 12 años a penas privativas de libertad, uno de esos es Ecuador”.
Según el estándar internacional, la edad mínima es 14 años. Según el SNAI, en todos los centros especializados se aplica un modelo de atención restaurativo, centrado en el adolescente, para promover su rehabilitación, reeducación, resignificación, formación integral y reintegración social.
Para ello, se trabaja en cinco ejes: educativo, salud, actividades formativas ocupacionales y laborales; actividades culturales; y, vinculación familiar y comunitaria.
“Durante el cumplimiento de la medida socioeducativa reciben acompañamiento social, terapéutico y psicológico con el objetivo de proporcionar un proceso de acompañamiento individualizado y colectivo”.
El trabajo de rehabilitación en adultos y en adolescentes no ha sido suficientemente visibilizado en el país, menciona Coronel.
LOS DATOS
El perfil de delitos cambió en los últimos cinco o seis años, explica la funcionaria del SNAI. “Antes eran delitos contra la propiedad, como el robo, tráfico o tenencia de sustancias. Hoy, ha variado la conducta, vemos los delitos de violación y contra la vida”.
El 52 por ciento de adolescentes infractores que cumplen medidas tiene de 12 a 16 años. Diecisiete años es la edad promedio. En cambio, el 48 por ciento tiene de 18 a 25 años.
Es importante ver los datos porque muchas veces se emite una política pública sin ver la data, advierte la experta, “los centros de privación de libertad de adultos y adolescentes son una muestra de lo que pasa en la sociedad, muchos creen que la violencia es culpa del sistema penitenciario o de la administración de este sistema, pero es el resultado de lo que pasa en la sociedad”.
La legislación ecuatoriana contempla que quienes cometen delitos a partir de los 18 años cumplan penas y condenas en centros para adultos. En otras palabras, son imputables a partir de la mayoría de edad.
El SNAI atiende una población de más de 31 mil personas. Los adolescentes en centros especializados representan algo más del uno por ciento del universo de adultos.
El enfoque restaurativo implica una atención diferenciada y especializada. El año pasado, el SNAI recién contó con recursos para contratar a cien instructores educadores que puedan hacer seguimiento permanente a los adolescentes.
Hay dos puntos críticos en el enfoque restaurativo: el entorno familiar y el acceso a la educación. Del universo de adolescentes detenidos, un buen porcentaje no terminó la primaria.
La jurista argentina Mary Beloff, experta en Derechos de Niñez, participó en conversatorios con varios sectores de la sociedad, en particular con quienes están formulando nueva legislación para este grupo poblacional.
“A la sociedad le genera una enorme perturbación cuando conoce sobre adolescentes que cometen delitos, eso saca el lado oscuro de la sociedad. Hay una corriente que plantea ‘a delito mayor, pena mayor’, esa tendencia regresiva recorre varios países de América Latina, pero en la región no se enfocó en los sistemas de protección a niños, sino que trabajó a nivel de leyes", precisó.
"No se puede trabajar en temas de seguridad y al mismo tiempo reducir la edad de responsabilidad penal, el foco es la justicia restaurativa, a edad temprana, los jóvenes son un potencial para el restablecimiento de la paz social”, acotó.
En Ecuador, los adolescentes son inimputables hasta los 18 años. Si tienen entre 12 y 18 años y cometen un delito, entran en conflicto con la Ley. El efecto legal no es la aplicación de penas, sino que deben recibir tratamientos socioeducativos.
Sin embargo, ciertas voces en la sociedad, inclusive académicas, plantean una posible reforma. Esta apunta a reducir a 16 años el límite de edad inimputable. Si esto progresa, un adolescente que cometa un delito a partir de los 16 años de edad sería juzgado como adulto.
CASTIGO A LOS RECLUTADORES DE NIÑOS
La Asamblea Nacional aprobó a inicios de 2023 reformas legales que castigan a quienes involucren a niños y adolescentes para el cometimiento de delitos.
El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, explicó a Vistazo que se incorporó un artículo para castigar con penas de 10 a 13 años a quienes recluten a menores con fines delictivos.
La sanción será de 13 a 16 años si el reclutamiento se relaciona con tráfico de sustancias, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, sicariato, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, robo o terrorismo.
“La idea es trabajar en el lado de la prevención, evitar que los menores sean reclutados para participar en estos delitos”, explicó.
Según Unicef, los grupos delictivos suelen aprovecharse de los niños vulnerables, los que viven en situación de pobreza, que no tienen acceso a oportunidades y están menos protegidos.
"ECUADOR YA ENDURECIÓ LAS SANCIONES
Mary Beloff es especialista en Derecho Penal, Género, Derechos de Niñez y Adolescencia y Justicia Juvenil. Abogada con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, magíster por la Escuela de Leyes en Harvard. Fiscal General de Política Criminal en Argentina. Integra el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Según ella "lo que complica la conversación pública es que cuando se habla de seguridad el enfoque es punitivo y sancionador. Los países no se hacen cargo de que cuanto más enfatizan en esa línea lo que logran es agravar la situación, esto está probado", explica.
"Un país en Centroamérica que frente a una situación compleja, agravada por la alarma social frente a pandillas, endureció penas y se llenaron las cárceles. La primera fue la ley de mano dura. La segunda fue la súper ley de mano dura; el resultado: más detenidos, peor situación. Hicieron otra ley. El desenlace fue empeorar las cosas", agrega.
"Hay que aclarar que los adolescentes sí son responsables penalmente. Pero es real que no pueden ser tratados como adultos, el Código dice que son inimputables desde el punto de vista criminal, pero son personas en desarrollo, responden en forma diferente por sus delitos. Ecuador ya transitó el camino del endurecimiento, en 2014 con el cambio del Código, duplicó de cuatro a ocho años el tiempo de las medidas. ¿Qué es ocho años? Es media vida de un chico. Si un gobierno se quiere tomar en serio el tema de seguridad, en particular con adolescentes, debe trabajar en prevención y en protección”, concluye.
