Quito sin brújula y en busca de alcalde: Estos son los problemas de fondo que encontrará la próxima administración
Quito atraviesa la peor crisis de su historia. Es la ciudad más inmanejable del país, la única con 21 concejales disputándose el poder. El Cabildo tiene 13 empresas municipales y solo una es rentable. Mientras la Capital no resuelva problemas de fondo que afectan su gobernabilidad y presupuesto, difícilmente se harán realidad todas las maravillas que proponen los candidatos.
El 76 por ciento de los quiteños dice no confiar en el Municipio. No es para menos: las últimas administraciones no han logrado resolver los problemas de la ciudad. Alrededor de un 60 por ciento de la población siente que la corrupción está arraigada en funcionarios, autoridades y Concejo Municipal, según la última encuesta de “Quito Cómo Vamos”. Esta ineficiencia y corrupción lo viven a diario quienes quieren obtener un permiso para poner un negocio o hacer un simple trámite en el Cabildo.
El Metro, que costó más de 2.100 millones de dólares y dejó a la ciudad endeudada por los próximos años, debía empezar a operar hace dos años y hasta ahora no anda. Más bien, se ha convertido en centro de disputa política, en lugar de ser una solución técnica para la movilidad de la ciudad. Sin una clara planificación urbana, la población se extiende sin control hacia el sur, norte y valles, sin importar quebradas o ecosistemas sensibles que deberían ser resguardados.
Esto repercute en la movilidad. Un quiteño que usa el transporte público, tarda, en promedio, más de una hora: 77 minutos, para trasladarse de su casa al trabajo o a su lugar de estudios. Si usa auto particular, se demora menos: 40 minutos. Eso sigue incentivando a la gente a comprar y endeudarse en más autos. El sistema está a punto de colapsar: solo hay 3.000 unidades de transporte público, mientras el parque automotor asciende a 500 mil vehículos.
Las últimas administraciones que debían poner en marcha el sistema de caja común para evitar “los correteos” de los buses y mejorar el servicio, han lanzado la pelota hacia adelante, mientras hay mafias e intereses particulares que se siguen aprovechando del caos. Nadie quiere cargar con ese costo político. Y hay candidatos que ofrecen construir túneles, puentes, autopistas y ampliar carreteras, para satisfacer la circulación del vehículo privado, cuando el futuro de las ciudades es mejorar el transporte público y alternativas de movilización como, la bicicleta o la peatonización de vías.
Eso no es todo, Quito se convirtió en un basurero, porque tiene dos empresas para este trabajo, la una más ineficiente que la otra: EMASEO y EMGIRS. Mientras a Guayaquil le cuesta 35 dólares recoger la tonelada de basura, a Quito le cuesta 90 dólares. Estas son solo un ejemplo de las empresas metropolitanas que tiene Quito y solo una es rentable: la Empresa de Agua, aunque hace dos años, en media pandemia, de sus arcas se hicieron millonarias transferencias al exterior; la justificación que dieron las autoridades fue un aparente hackeo al sistema. Los funcionarios parecen estar pintados.
El Municipio se llenó de más de 20 mil burócratas, lo que hace que más del 30 por ciento de los 1.000 millones de dólares anuales que tiene el Cabildo se dedique al gasto corriente. Pero eso no es todo, desde 2014, Quito tiene 21 concejales y 21 comisiones. Esto ha provocado que, para tratar y aprobar un tema, este tenga que pasar por dos y hasta tres comisiones, lo que toma más tiempo, obliga a mayores negociaciones políticas y aumenta el riesgo de corrupción. Si algo tienen que saber los candidatos es que no solo bastan sus pintorescas propuestas y buenas intenciones.
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MANEJO DE LA BASURA
Los 12 candidatos que compiten por la Alcaldía de la Capital han ofrecido desde un seguro de salud gratuito y universal hasta la municipalización del transporte público o incluso sacar el Municipio del Centro Histórico. Pero el gran problema es el modelo de gestión: unos engranajes tremendamente burocráticos e ineficientes que no se mueven al tenor de las necesidades actuales. Candidatos de izquierda y derecha coinciden en que Quito no puede seguir teniendo dos empresas para recolectar y procesar la basura. Y hay varias empresas, secretarías y comisiones que tienen tareas duplicadas o similares.
Esto ha creado la existencia de micropoderes al interior del Municipio, explica el exconcejal y urbanista Fernando Carrión. “Es más, ¿qué hacen los concejales en los directorios de las empresas públicas? Ellos tienen el papel de legislar y fiscalizar, y ahora están administrando”, cuestiona Carrión. Cada cambio de alcalde viene acompañado por una reestructuración de las 23 instituciones, entre empresas públicas y entidades adscritas. En la gestión Yunda-Guarderas hubo empresas por las que pasaron hasta cinco gerentes en menos de cuatro años. Ya puede uno imaginarse por qué operan a pérdida.
Para reestructurar los directorios, manejarlos de manera técnica y no como botines políticos, se requiere no solo de buenas intenciones de sanear la corrupción, como todos los candidatos prometen. Hay una fragmentación del Concejo Metropolitano: 21 concejales que hace que no puedan llegar a ponerse de acuerdo, apostándole cada uno al fracaso del otro para ganar capital político.
Fernando Carrión no tiene mucha esperanza de que la actuación de los nuevos concejales y el alcalde sea diferente a la actual o anteriores. Cada institución se convirtió en un espacio de negociación política. Dadas las circunstancias, lo ideal sería retornar a 15 concejales, tal como era antes y como todavía es en Guayaquil, que tiene una similar población a la de Quito, casi tres millones. Eso permitiría una mejor gobernabilidad de la ciudad.
Desde hace años Quito quiere convertirse en Distrito Metropolitano. Eso significa que la ciudad pueda tener su propia constitución o estatuto autonómico para administrar de mejor manera el territorio. El estatuto autonómico se debe discutir en el Concejo y aprobar en consulta popular. En las tres últimas administraciones se han presentado propuestas, pero concejales y alcaldes se han interesado en otros asuntos.
Daniela Chacón, exconcejala y miembro de la iniciativa “Quito Cómo Vamos”, dice que la aprobación del estatuto autonómico demora unos dos años. Eso quiere decir que, si los concejales y el alcalde tienen la voluntad de hacerlo, lo lograría en la siguiente administración. La importancia de esto es que el documento fijaría un nuevo modelo de gestión para la ciudad a largo plazo: funcionamiento del Municipio, como administración del territorio, modelo de movilidad, financiamiento, prioridades para las inversiones. “Esa es una salida al caos institucional”, afirma Chacón.
SIN PLATA NO HAY OBRAS
El Municipio de Quito tiene un descalabro presupuestario que nadie quiere afrontar. Cuando inició el proyecto Metro de Quito en la administración de Augusto Barrera, la obra costaba 1.500 millones de dólares y el gobierno de Rafael Correa se comprometió a financiar el 50 por ciento. Es decir, Quito ponía 750 millones y el gobierno otros 750. El problema vino cuando Mauricio Rodas firmó el contrato para la obra y pasó de 1.500 a 2.000 millones de dólares. Es decir, el Municipio debe sacar 500 millones de dólares extra de donde no tiene.
El gobierno de Guillermo Lasso ha ofrecido 150 millones y algunos candidatos dicen que le exigirán cumplir su palabra, pero en la crisis económica que atraviesa el país no es tan fácil.
Para financiar la obra, el Municipio hizo préstamos que debe pagar durante los siguientes 20 años: unos 60 millones de dólares anuales. A esto debe sumarse 21 millones de dólares anuales que cuesta la operación del Metro, más unos 40 millones de dólares que requiere para subsidiar la tarifa del Metro y más 50 millones que cuesta el subsidio del transporte público. Todo esto son 170 millones solo para movilidad. A este problema Fernando Carrión le ha denominado “Metrodependencia”, pues gran parte del presupuesto se concentraría en este rubro, perdiendo la capacidad de invertir en otras obras.
El gasto corriente y los subsidios para el sistema de transporte y la deuda del Metro, representan cerca del 50 por ciento del presupuesto anual.
Los aspirantes a la Alcaldía lo plantean fácil: unos repiten el conocido eslogan de que, sin robar, la plata alcanza. Es verdad que el Municipio tiene una ineficiente ejecución presupuestaria: en 2021 solo gastó 722 millones de los 1.033 asignados. Es decir, el 30 por ciento. En 2022 cerró con una cifra similar. Con ese discurso piensan que ya está solucionado todo.
Para otros, el camino para tener megaobras es recurrir a préstamos multilaterales. No se dan cuenta de que aún no está claro cómo el Municipio va a pagar los créditos del Metro de Quito. Y hay otros que ofrecen abrir las puertas a la inversión privada internacional; habría que recordarles que los últimos alcaldes dejan muy cuestionada la legitimidad política, situación que no cambiará si el nuevo Concejo se fragmenta. Además, no hay proyecto de ciudad a largo plazo. Pero eso no importa a los candidatos que prefieren aprovechar los debates para lanzarse lodo y hacerse conocer a través de videos de Tik Tok. Mientras tanto, este Quito sin brújula corre el riesgo de seguir a la deriva.
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