Prefecto de Cotopaxi debe cumplir medidas cautelares por presunta delincuencia organizada
En contra del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, se dictaron medidas cautelares por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
En el marco del caso 'Depuración', la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para el funcionario, quien fue procesado con ocho personas más.
Mientras que para los demás procesados, la magistrada aceptó el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva.
Además, se ordenó la retención de cuentas hasta por dos millones de dólares y la prohibición de enajenar bienes.
La madruga del jueves 28 de julio, agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron el domicilio del prefecto, así como el Consejo Provincial en Latacunga "en busca de indicios" de la presunta red de corrupción. Nueve personas, entre funcionarios públicos y contratistas, fueron detenidos en el mismo operativo.
De acuerdo con la investigación de Fiscalía, Guamán habría cobrado dinero a cambio de cargos en la Prefectura de Cotopaxi y por la adjudicación de contratos.
Guamán, de 57 años, inició su vida pública en 1997 como coordinador del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Fue el primer presidente del Consejo de Nacionalidades y Pueblos de Ecuador, al que ingresó como representante de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador)
También es exvicepresidente del Congreso Nacional, y fue reelegido como Prefecto de Cotopaxi en 2019.
En 2002 fue diputado por la misma provincia, bajo el respaldo de Pachakutik.
El sector indígena, representado por la CONAIE, se pronunció para condenar la corrupción en cualquier espacio. No obstante, señaló que la investigación de la Prefectura de Cotopaxi debe ser con "independencia, objetividad e imparcialidad, sin presiones políticas".
El movimiento aseguró, además, que "es claro cómo Fiscalía no actúa con la misma celeridad y objetividad en todos los casos".
Mediante un escrito, exigieron respuesta a los casos de corrupción relacionados a Pandora Papers, Ina Papers, compra de puestos públicos que involucra a varios asambleístas, el caso de los hermanos Isaías, entre otros.
El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, apuntó en su cuenta de Twitter que el funcionario era investigado por la Fiscalía desde hace un año: "también se indagan operaciones en el extranjero”.
