Pachakutik pide juicio político contra Carrillo, Flores y Ordóñez por incumplimiento de funciones
La bancada de Pachakutik entregó la solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, así como del secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, por incumplimiento de funciones.
Según los asambleístas Ricardo Vanegas, Sofía Sánchez y Rafael Lucero, promotores de la idea, existió falta de acción por parte de las autoridades antes mencionadas para controlar las matanzas ocurridas en varios centros de rehabilitación social.
Así mismo, los culpan del creciente sicariato que afecta a la ciudadanía y las omisiones legales respecto de la desaparición y muerte de la abogada María Belén Bernal, víctima de femicidio en la Escuela Superior de Policía.
“Como Asamblea y como legisladores estamos haciendo lo que nos corresponde, en ejercicio de nuestra facultad de fiscalización, más allá de lo que haga la Comisión Ocasional conformada para investigar este caso”, explicó el legislador Ricardo Vanegas en un comunicado.
Por su parte, la asambleísta Sofía Sánchez aseguró que la presunta falta de acción en el caso de la abogada Bernal, es causal suficiente para enjuiciar políticamente a los tres funcionarios vinculados con el área de seguridad pública y derechos humanos.
Agregó que la solicitud de juicio político cuenta con las firmas de los miembros de la bancada de Pachakutik, al igual que el respaldo de varios legisladores de diversas organizaciones políticas.
Pero hay otro pedido de juicios pendiente. A inicios de septiembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ya había decidido tramitar el proceso en contra de Patricio Carrillo por su actuación en el paro de junio y la inseguridad en el país.
Mientras que el pasado martes, 27 de septiembre, la Asamblea creó una comisión especial para vigilar las investigaciones en torno al crimen de María Belén Bernal, cuyo cuerpo fue hallado en un cerro cerca a la Escuela de Policía donde trabajaba su esposo, el principal sospechoso ahora prófugo.
Dicha comisión, integrada por cinco legisladores, realizará un proceso de fiscalización en un plazo de treinta días y deberá presentar un informe pormenorizado del caso para que sea conocido y debatido por el pleno.
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