El presidente de la República, Guillermo Lasso, notificó este miércoles 7 de diciembre a la Asamblea Nacional con un proyecto de ley para reformar parcialmente la Constitución.
El proyecto busca oficializar el apoyo complementario que pueden dar las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, sin necesidad de la declaratoria de un estado de excepción, ya que esta figura legal se aplica solamente en situaciones de emergencia y tiene como efecto la suspensión de los derechos de los ciudadanos.
Además, al ser un régimen extraordinario, tiene un límite temporal de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más.
De acuerdo con la Constitución, la protección interna y el mantenimiento del orden público son responsabilidades de la institución policial y no de las FF.AA.
Sin embargo, el Gobierno argumentó que, en Ecuador la presencia de grupos criminales organizados "no es un asunto excepcional", sino que se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos.
Asimismo, mencionó que el país se encuentra dentro del 16% de los Estados en donde existe mayor presencia de criminalidad. Por lo cual, según el Gobierno, "las estrategias estatales no pueden sujetarse a regímenes de emergencia temporales".
REFORMA
Mediante dictamen del 28 de noviembre pasado, la Corte Constitucional determinó que la vía adecuada para la modificación de las funciones de las FF.AA. en la Constitución era la reforma parcial y que el Ejecutivo podía presentar su iniciativa ante el Legislativo para que se inicie el trámite.
En el decreto emitido este miércoles, Lasso hizo un exhorto a la Asamblea para que tramite el proyecto "con responsabilidad y en sintonía de las necesidades de los ecuatorianos".
En cuanto al artículo 158 de la Constitución, el Ejecutivo propuso la siguiente modificación:
"Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindara para combatir al crimen organizado de forma extraordinaria y regulada.
Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formaran bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetaran la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico".
Según el Gobierno, el objetivo principal de esta propuesta es la protección de derechos humanos a través de un mecanismo que no dependa de la declaratoria de estados de emergencia.