Grupo indígena asegura que Gobierno intenta evadir al Parlamento en Ecuador
El movimiento plurinacional ecuatoriano Pachakutik alertó este miércoles que la Administración del presidente Guillermo Lasso intenta evadir las competencias del Parlamento para dictar la política desde el Ejecutivo.
En una rueda de prensa en la sede de la Asamblea Nacional, el legislador de Pachakutik Salvador Quishpe manifestó que la intención del Ejecutivo sería "gobernar solo con decretos, a plena dictadura", al objeto de privatizar y vender las empresas públicas.
Se refería a las declaraciones hechas por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien defendió en la víspera que si el Parlamento continuaba sin dar paso a temas importantes, "el Gobierno considerará, seriamente, recurrir a los mecanismos de democracia directa".
El movimiento parlamentario indigenista es, con 26 escaños, la segunda fuerza política de la Cámara después de los correístas (por el expresidente Rafael Correa) de Unión por la Esperanza (UNES), con 49, mientras que el partido de Lasso, CREO, cuenta apenas con una docena y sus socios socialcristianos tienen 18 parlamentarios.
La comparecencia de Pachakutik se produjo, además, en medio de las sospechas de corrupción o actuaciones poco éticas que salpican al menos a tres de sus legisladores.
En ese sentido, Quishpe reaccionó al asegurar que "no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de un intento por terminar con la Asamblea". Otros compañeros de bancada aseguraron que la Asamblea, que preside Guadalupe Llori, de Pachakutik, está siendo víctima de una "campaña de desprestigio" y pidieron que si se demuestran los cargos sobre los sospechosos, estos sean sancionados a título individual, sin afectar a la institución.
El coordinador nacional del movimiento, Marlon Santi, se refirió a una carta pública que dirigió al Gobierno de Lasso, en la que enfatiza la necesidad de sancionar, además de los asambleístas acusados, a funcionarios que estarían ofreciendo cargos públicos.
El movimiento indígena suma acusaciones en contra de miembros de su bancada por, presuntamente, estar involucrados en actos de corrupción y contrarios a la ética.
Tal es el caso de la legisladora Rosa Cerda, que en la provincia amazónica de Napo causó controversia por unos comentarios vertidos en una reunión con correligionarios en la que aseguró: "Si van a robar, roben bien", y que le costaron una suspensión de ocho días. Su caso reposa en el Consejo de Administración Legislativa.
También el asambleísta Ricardo Vanegas figura en una trama de sobreprecios en un contrato con el Estado en 2016, en el caso que se sigue en contra del excontralor Pablo Celi.
Y de la misma formación política es, el ahora exasesor del asambleísta Darwin Pereira, sospechoso por el presunto ofrecimiento de cargos públicos, según una denuncia hecha ante el Pleno por el legislador independiente Bruno Segovia.
Pachakutik ha asegurado que "defenderá sus derechos en democracia" en respuesta a posibles acciones en contra de los actos de corrupción que involucran a sus legisladores.
