Fiscalía formulará cargos contra exministros y exjefes militares por peculado en compra de helicópteros Dhruv

martes, 14 septiembre 2021 - 09:55
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Dentro de la investigación reabierta en diciembre de 2020, por presunto peculado en la adquisición de helicópteros Dhruv en el año 2008, la fiscal general del Estado, Diana Salazar solicitó a la Corte Nacional que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos.

Entre los 15 investigados se encuentran los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, el excomandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez.; el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, Carlos M.; y, el exjefe del Estado Mayor General de la FAE, Leonardo B.

En 2008, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) adquirió siete helicópteros Dhruv por un monto superior a los $ 45 millones. No obstante, cuatro de las aeronaves se accidentaron entre el 2014 y el 2015.

Sobre el caso en mención, Salazar ha detallado que dentro de la investigación previa abierta por el asesinato del general Jorge Gabela, se han recopilado evidencias que corresponden a experticias técnicas, que advierten la presunción de disposiciones arbitrarias en el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato suscrito el 5 de agosto de 2008, para la compra de los helicópteros a la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

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La fiscal pidió que los involucrados sean procesados con base en lo dispuesto en el Art. 257 del Código Penal, cuerpo legal vigente a la fecha de la comisión del presunto delito, conducta que actualmente se encuentra recogida en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este delito, imprescriptible y de juzgamiento en ausencia, con pena privativa de libertad de diez a trece años.

El 23 de diciembre de 2009 se inició una indagación previa en contra de Javier P. y otros, con el objetivo de investigar un presunto delito de peculado por las irregularidades efectuadas en la compra de los siete helicópteros Dhruv.

Sin embargo, la mencionada investigación fue desestimada y archivada en 2016, por solicitud del exfiscal General del Estado, Galo Chiriboga, debido a que –a esa fecha–, para iniciar un proceso penal, se requería el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP), emitido por la Contraloría General del Estado, requisito de procedibilidad que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en julio de 2019.



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