Fiscal Diana Salazar enfrenta una nueva solicitud de juicio político, que ha puesto en marcha el correísmo
El movimiento Revolución Ciudadana, encabezado por el expresidente Rafael Correa, ha puesto en marcha un nuevo proceso de juicio político en la Asamblea Nacional contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
La solicitud fue presentada por el asambleísta Héctor Valladares, quien acusa a Salazar de presunto incumplimiento de funciones, alegando que no ha actuado adecuadamente en relación con la información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre casos de blanqueo de dinero y lavado de activos.
Valladares señaló que, aunque la UAFE remitió a la Fiscalía General del Estado 97 procesos entre 2009 y 2022, solo se han llevado adelante doce causas, de las cuales apenas cinco han recibido sentencia judicial.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha respondido a estas acusaciones, aclarando que el trabajo realizado en la lucha contra el lavado de activos ha sido reconocido a nivel internacional, incluyendo la evaluación positiva realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lo que también ha permitido que el país sea reconocido como cooperante en la región, en materia de la lucha contra este delito.
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"Según las declaraciones emitidas por el proponente, Héctor Valladares, una de las presuntas causa para la solicitud consiste en el encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos. La FGE aclara que dichas declaraciones no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador mencionado sobre el tema en cuestión", señala el comunicado de la institución.
Además, la Fiscalía sostiene que cuenta con un marco legal claro y preciso para coordinar con la UAFE, lo que ha resultado en avances significativos en la investigación y persecución de delitos financieros.
En cuanto al caso específico mencionado como 'Copaco', la Fiscalía explicó que dicho caso correspondió al año 2016 (cuando la máxima autoridad de Fiscalía era Galo Chiriboga). Se destacó que la Fiscalía utilizó todos los recursos legales disponibles, pero fue la Corte Provincial de Guayas la que declaró nulo el proceso.
"Además, en este caso -que se ventiló en las cortes de Estados Unidos- se determinó que la UAFE usó información falsa que remitió a la Fiscalía, engañándola", acotó la FGE.
La Fiscalía General del Estado concluyó que estas acciones de juicio político reflejan intereses partidistas y buscan desviar la atención de la labor técnica y basada en hechos verificables que realiza la institución.
