Diana Salazar reacciona a la calificación del juicio político en su contra por parte del CAL
A través de la red social X, la funcionaria recordó que este proceso empezó viciado, tal como lo corrobora el informe de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea.
Salazar publicó un extracto del documento en el que se lee que la solicitante del juicio político, Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana, cumple parcialmente con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
“No sorprende: los discursos también son parte de este show. De nosotros depende darnos cuenta quienes solo hablan y quienes en verdad trabajamos. Eso es lo que seguiremos haciendo”, escribió Salazar, junto al hashtag "El juicio busca impunidad".
Y es que la Fiscalía General del Estado sostiene que dicha solicitud no está enmarcada en los lineamientos constitucionales del debido proceso, en especial, lo relacionado con el anuncio probatorio.
Esto porque en el informe técnico se menciona que la solicitante del juicio político ha anunciado como prueba el requerimiento de rendición de testimonios de operadores de justicia (fiscales y jueces de la Corte Nacional), omitiendo precisar sobre qué hechos específicos versarán sus testimonios.
“Presumiéndose que los mismos declararán sobre información de casos penales sometidos a la justicia ordinaria y de las funciones o competencias de funcionarios de la Función Judicial, y no bajo el fundamento del incumplimiento de funciones de la Fiscal General del Estado, previsto en el artículo 131 de la Constitución de la República, siendo necesario atender al marco constitucional respecto de estos funcionarios”, dice el documento citado por Fiscalía.
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Considerando lo expuesto, el Ministerio Público manifiesta que existe transgresión al principio de independencia de funciones, por lo cual el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no debía aprobar la solicitud.
“La Fiscalía General del Estado ratifica su postura en la que manifestó que dicha solicitud de juicio político carece de argumentos fácticos y jurídicos”, dice un comunicado emitido este jueves.
Por su parte, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, dijo que pidió a la asambleísta Garzón que complete y aclare algunos puntos de prueba. Una vez resueltos estos errores técnicos, se procedió a votar.
El juicio contra la fiscal es impulsado por la Revolución Ciudadana, movimiento político que insiste en que Salazar ha incumplido sus funciones en el contexto del aumento de la inseguridad en el país.
La legisladora Gissela Garzón afirma que existen más de una docena de motivaciones, que serán analizadas en la Comisión de Fiscalización. Por ejemplo, mencionó que hay abandono hacia los fiscales y “el trabajo que están haciendo prácticamente solos” para combatir a la delincuencia.
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