Destitución de vocales: esto dice la resolución judicial que acatará el Consejo de la Judicatura
El Consejo de la Judicatura (CJ) procederá con la destitución de los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, tras la disposición del juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, este jueves 28 de septiembre de 2023.
Dentro del "Caso Vocales", el magistrado dictó auto de llamamiento a juicio contra los funcionarios, en calidad de coautores, y el juez provincial de Pichincha Vladimir Jhayya, en grado de cómplice, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.
Además, en su resolución, el Juez acogió el pedido de prisión preventiva, solicitada por la fiscal General del Estado Diana Salazar, contra Barreno, por lo que ordenó su localización y captura. Mientras que, para los otros procesados ratificó las medidas cautelares.
También dictó medidas de protección para la testigo protegida de este caso, debido al incremento de riesgo a su integridad. A ello se sumaron las medidas de protección para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y el agente fiscal delegado del caso donde se tramita el expediente.
Además, ordenó notificar al Ministerio de Trabajo con esta resolución para que se tramite la inhabilidad de ejercer el cargo a los tres procesados.
Ante aquello, el CJ se pronunció mediante un comunicado, para informar que la Dirección General del Consejo de la Judicatura "cumplirá en su integralidad y de manera inmediata" la orden judicial de la autoridad competente.
En tal virtud, se ha dispuesto a las áreas técnicas instrumentar inmediatamente las acciones necesarias, para proceder con la destitución.
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Pruebas del delito
En su intervención, la fiscal Salazar expuso cuarenta y cuatro elementos de convicción que hacen presumir la existencia del delito de tráfico de influencias, que habrían cometido estos funcionarios judiciales.
La mañana del 2 de junio de 2022, los vocales del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo –en la calidad de Presidente del Consejo de la Judicatura encargado– y Maribel Barreno, junto con el juez provincial Vladimir Jhayya y otras personas, se habrían reunido en un edificio particular, ubicado al norte de Quito.
En esta reunión se trataron los detalles de la apelación a la sentencia de acción de protección planteado por la expresidenta de la Asamblea Nacional (Guadalupe Llori) que, con la finalidad de conservar su cargo, planteó a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta causa llegó a conocimiento del Tribunal Tercero de Sala de la Familia de esa Corte, en el que uno de los jueces integrantes era Gustavo O.
Los vocales convocaron a los jueces a mantener esta reunión fuera de las dependencias de la Judicatura y solicitaron directamente a Gustavo O. –juez provincial que debía conocer la apelación de la acción de protección– resuelva favorablemente el recurso y en el menor tiempo posible.
En estas acciones, el juez Jhayya dio las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, afirmando que se trata de una oficina del vocal Juan José Morillo y quien incluso aportó con argumentos que se podrían señalar en la motivación del fallo, de acuerdo al pedido de las autoridades del Consejo de la Judicatura.
Los encausados podrían enfrentar una pena de tres a cinco años de prisión, tal como lo establece el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.
